Inhábil, Jimmy Morales jugó con fuego y se quemó. Ha quedado en fuera de juego y el árbitro (la CC, a pesar de la complicidad con el régimen de su presidenta, Dina Ochoa) tendrá que ejercer autoridad y sacarle tarjeta roja, tal como lo hizo la CC en mayo de 1993 a Jorge Serrano. Si Jimmy Morales quería defender el histórico régimen corrupto y ganar tiempo para su propia impunidad, la de su familia y del entorno de su gobierno, desde agosto de 2017 tuvo que haber denunciado el Acuerdo de la CICIG, pues tenía la potestad de hacerlo.

En cambio, siguió caminos retorcidos –como declarar non grato al comisionado Iván Velásquez– sin cuidar las formas legales, por lo cual la CC lo invalidó. Acto seguido, el 31 de agosto de 2018 anunció con grotesca parafernalia el fin del mandato de la Comisión en septiembre de 2019, pero a partir de entonces –en vez de cumplir su propia declaración– se dedicó a violar el Acuerdo y a transgredir la Constitución. Violó el Acuerdo al impedir el ingreso a Guatemala del comisionado Iván Velásquez y luego al retirar visas de cortesía a once funcionarios de la CICIG. Violó la Constitución al desafiar retóricamente y con mediocre ironía las órdenes de jueces y sentencias de la propia CC respecto de las inmunidades migratorias de los integrantes de la CICIG. (Revisando el Código Penal, he sumado seis delitos del presidente, ministros, directores etcétera).

Ahora bien, a partir del sábado 5 de enero de 2019 los delitos del Ejecutivo están consumados y son flagrantes. Por tanto, Jimmy Morales perdió inmediatamente la potestad de denunciar el Acuerdo de la CICIG (es ya un presidente no solo ilegítimo sino violador de la Constitución, ilegal, sin autoridad). Los altos mandos judiciales –el MP y el OJ– tendrán que dictar órdenes de captura y ordenar investigaciones penales en la cadena de mando de responsabilidades del Ejecutivo.

Ese sábado 5 a las 16:30 horas las autoridades de Migración impidieron el ingreso de un funcionario de la CICIG, que estaba autorizado judicialmente para seguir desempeñando sus funciones y, al momento que escribo esta nota, casi 24 horas después, sigue retenido en el aeropuerto La Aurora por instrucciones del gobierno. El MP de Consuelo Porras ha tratado de hacer control de daños pidiendo captura de mandos medios, pero no podrá montar a dos caballos al mismo tiempo. Deberá definirse. Cumple la ley, lo cual es su deber. O apaña a los transgresores. Es claro que la cadena de mando arranca con Jimmy Morales y sigue al ministro de Gobernación y a la ministra de Relaciones Exteriores.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado deberán de entender que más vale cortar por lo sano. La salida de Otto Pérez no trajo ningún maremoto para la democracia, al contrario. En cambio, en Honduras, apañar un fraude electoral les está trayendo el cuadro de ingobernabilidad más crítico de la región, junto con Nicaragua (El Salvador tampoco pinta bien). Por eso, insisto, la sensatez la pueden poner los demócratas que han tomado el control de la Cámara Baja. Ese partido tiene una política de Estado, responsable (más o menos) en el hemisferio y acordaron una estrategia de largo plazo con los republicanos desde hace 20 años, la que no pueden abandonar a estas alturas. Si toleran que Jimmy Morales consume el golpe de Estado, se desatará un efecto dominó de inestabilidad en la región.