El proceso electoral que está a dos semanas de arrancar se vislumbra lleno de incertidumbres. Pocas veces en la historia el Tribunal Supremo Electoral –TSE– se había encontrado con tantos desafíos –y con tan poco tiempo para solventarlos– como ahora, cuando deberán aplicarse las nuevas reglas del juego. Algunas de estas reglas, pobremente concebidas y peor redactadas en el gatopardista paquete de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que aprobó el Congreso en 2016, serán una prueba de fuego para la autoridad electoral.

Entre los principales retos que deberá enfrentar el TSE en 2019 destaca el de distinguir proselitismo partidario de campaña electoral. Esta distinción es importante, no solo para definir correctamente cuándo los partidos políticos incurren en campaña electoral anticipada (falta cuyas sanciones son muy severas), sino también para fomentar el necesario proselitismo y formación política al interno de los partidos. En las democracias avanzadas, los líderes políticos mantienen un presencia permanente en la opinión pública, externando sus opiniones y criterios respecto del quehacer gubernamental, lo cual es sano y necesario para que los ciudadanos formemos criterio respecto de las distintas opciones políticas. Hasta ahora, el TSE no ha logrado aclarar en sus reglamentos este aspecto crucial para la vida democrática del país: una reglamentación excesiva que reprima el proselitismo y la opinión de los líderes políticos puede dañar la esencia misma de la democracia.

De manera similar, el TSE debe aclarar en un reglamento cómo se interpreta el tema de “publicitar la imagen” personal, pues una interpretación rígida de la reforma legal aprobada podría significar que cualquier ciudadano que haya emitido opiniones políticas (en las redes sociales, por ejemplo) durante los meses anteriores al inicio de la campaña electoral podría quedar inhabilitado para participar como candidato.

El complejo asunto de cómo el TSE va a distribuir la propaganda electoral también debe regularse cuidadosamente para no perjudicar ni a los partidos políticos –con poca equidad en la distribución de espacios publicitarios– ni a los medios de comunicación –confiscándoles sus espacios comercialmente más valiosos–, además de incluir explícitamente (tarea casi imposible) la manera en que tales disposiciones se aplicarán a las cada vez más influyentes redes sociales. Asimismo, el espinoso tema del financiamiento electoral debe reglamentarse pues quedó legislado con disposiciones tan exageradas como la de que cualquier apoyo dinerario o en especie (por ejemplo, la donación de cinco gallinas a un candidato por parte de un simpatizante) debe ser registrado en un libro especial.

Si el TSE no logra aclarar a tiempo estos y otros temas, veremos un proceso electoral atiborrado de amparos y querellas que no solo judicializarán un evento eminentemente político, sino que podrían aumentar la conflictividad y restar legitimidad a un sistema que, hasta la última consulta popular, gozaba –como pocos– de prestigio y credibilidad entre los guatemaltecos.