La búsqueda por democratizar Guatemala llegó a su fin en 2018. Justo en el momento en que el gobierno de Jimmy Morales comenzó su desquiciada e ilegal batalla contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, temeroso de terminar en la cárcel por los crímenes que él y su familia han cometido. Fue así que el intento de democracia apenas duró 33 años y nunca logró materializarse en beneficio de más del 80 por ciento de la población total del país, que hoy se debate entre la pobreza, la inserción en pandillas, en estructuras criminales o uniéndose al imparable éxodo hacia los Estados Unidos. El fracaso de esta era fue ejecutada por los sectores poderosos que utilizaron la figura de los partidos políticos, el sistema de justicia y el Congreso para solidificar sus intereses empresariales, militares y criminales. El golpe y la retoma del poder por las elites fue planificado y millonariamente financiado con capital público y privado desde Guatemala hasta Washington. De hecho, no utilizaron una figura militar que hubiese sido rechazada por la población y la comunidad internacional, sino que, como buenos operadores de inteligencia y titiriteros, la oligarquía agrupada en el CACIF, Ejército y crimen organizado escogieron a un peón moldeable, inestable, severamente ignorante, inculto pero con aires de emperador, que posee agudas dependencias e involucramiento personal y familiar en ilegalidades. Es así como las élites, de países como Guatemala, escogen y controlan a sus operadores. Fue ingenuo asumir que la oligarquía entregaría el poder y apostarían a un proyecto democrático. La transición de 1985 y la firma de la Paz en 1996 terminan siendo procesos simbólicos, un cambio de piel para que las víboras continuaran operando con impunidad pero dentro de un marco legal, moderno y acorde a los cambios que el fin del Siglo XX exigía. En ese momento, la imagen de asesinos y financistas del genocidio no casaba con los cambios que se gestaban en la región ni con los intereses de los países del primer mundo. Además, la oligarquía nacional y trasnacional necesitaban de un clima propicio para invertir y continuar saqueando nuestros recursos naturales. A pesar de estar consciente de la fragilidad de la democracia instaurada “oficialmente” en 1985, el golpe de Estado de Morales dolió, y es que duele ser testigo de cómo Guatemala retorna a una etapa oscura de irrespeto a la ley, que se rige por las decisiones dictatoriales de sectores que solo velan por sus intereses y enriquecimiento. La decisión del sábado 5, cuando la dictadura de Morales se negó a dejar entrar a uno de los investigadores de la CICIG es solo una pequeña muestra de lo que viene. No acatar las decisiones de la Corte de Constitucionalidad, CC, es un acto comparable con el actuar de las dictaduras militares que gobernaron Guatemala desde finales del Siglo XIX y el XX. El próximo paso será la militarización del país, suspender la Constitución, arrestos ilegales y tribunales de fuero especial.

Hoy los ojos del mundo están sobre la fiscal general Consuelo Porras y sobre los magistrados de la CC. Ellos tienen la responsabilidad de rescatar a Guatemala de la locura del dictador Morales y de sus jefes, de no hacerlo, el regreso al pasado quedará registrado en sus historias de vida.