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Opiniones de hoy

Manipulaciones constitucionales

opinion

En última instancia corresponde a la ciudadanía exigir que este gobierno deje de ensayar las más ridículas estrategias para defender la impunidad.

 

Una de las características más indignantes del ejercicio presidencial de Jimmy Morales es el intento de justificar sus abyectos propósitos encuadrándolos dentro de la defensa de una soberanía absoluta y una versión caricaturizada del Estado de derecho. Gran parte del descontento ciudadano con este gobierno se debe precisamente al intento de expulsar a la CICIG con los más endebles argumentos, los cuales han llegado incluso a apelar a la identidad religiosa del pueblo guatemalteco.

Así las cosas, el paso más reciente en el proceso de descomposición gubernamental, le ha correspondido a la Procuraduría General de la Nación (PGN). Los representantes de esta institución, sobrepasando sus competencias de asesoría y consultoría estatal, han presentado una demanda penal en contra de los miembros de la Corte de Constitucionalidad. Este proceder se debe precisamente a los amparos resueltos en contra de las atolondradas medidas que ha adoptado el gobierno para deshacerse de la CICIG.

La PGN ha acusado a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de prevaricato, abuso de autoridad y de resoluciones arbitrarias que violan la Constitución. Negándose a hacer público el texto de dicha denuncia, los representantes de la PGN acusan a la Corte de Constitucionalidad de conceder amparos que ignoran la disposición constitucional que faculta al presidente a dirigir la política exterior (Artículo 183, inciso o, de la Constitución Política de la República de Guatemala). Se aduce, en este sentido, que dicha Corte se contradice al ignorar previas opiniones consultivas que reconocían dicha facultad presidencial.

Ahora bien, acusar a la Corte de Constitucionalidad de prevaricato por “violar” la mencionada disposición constitucional supone una profunda incomprensión de la forma en que se debe leer una Constitución contemporánea. Esta pobre capacidad de lectura constitucional solo revela que el gobierno carece de recursos doctrinales para legitimar su lucha en favor de la impunidad.

Ignora la PGN que la disposición constitucional que faculta al presidente para dirigir la política exterior debe entenderse en función de la constelación de valores y principios que le brindan significado al texto constitucional. La Constitución no es un trozo de plastilina normativa que se adecúa para cualquier fin. El presidente, por ejemplo, no puede decidir atacar a un país vecino solo porque así lo disponga.

En consecuencia, no se puede argumentar que existe una disposición “taxativa” en la Constitución que no puede ser limitada en ninguna circunstancia. Este argumento se basa en una lectura constitucional equivocada o, presuntamente, motivada por la mala fe. En los casos complejos, las disposiciones constitucionales no se pueden “aplicar” en sentido literal. La interpretación es un paso ineludible en la tarea de determinar qué solución ofrece el texto constitucional a los problemas que plantea la vida ciudadana.

La Constitución es un cuerpo normativo con una estructura valorativa que no se presta fácilmente a la desvergüenza política. No es un simple recetario de directivas que pueden ser “aplicadas” según las prácticas positivistas del siglo XIX.

En última instancia corresponde a la ciudadanía exigir que este gobierno deje de ensayar las más ridículas estrategias para defender la impunidad. Si el gobierno insiste en ignorar las disposiciones de la Corte de Constitucionalidad, el único camino ciudadano que queda abierto es la desobediencia civil y la resistencia ciudadana.

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