A medida que el presupuesto estatal crece (desfinanciado en los últimos 25 años, comprometido electoralmente e incrementando la deuda pública –26 por ciento con respecto al PIB–), se imponen un sinnúmero de desafíos políticos, técnicos, administrativos y financieros para su efectiva y transparente ejecución pública (Ejecutivo, Municipalidades y Codedes). Según el Minfin y Segeplan, el Estado tuvo una inversión pública menor al 60 por ciento en 2018. La inversión pública es una fuente de creación directa e indirecta de empleos, pues una buena parte de las transferencias de capital las ejecuta el sector privado, específicamente en infraestructura social y productiva (escuelas, centros de salud, puentes y carreteras). Las dinámicas de tercerización (ONG’s y constructoras) han privatizado la inversión estatal con evidentes prácticas de clientelismo, corrupción y por ende, una acentuada cooptación de lo público, más en año electoral. Ahora bien, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Cuál es el balance socioeconómico