A medida que el presupuesto estatal crece (desfinanciado en los últimos 25 años, comprometido electoralmente e incrementando la deuda pública –26 por ciento con respecto al PIB–), se imponen un sinnúmero de desafíos políticos, técnicos, administrativos y financieros para su efectiva y transparente ejecución pública (Ejecutivo, Municipalidades y Codedes). Según el Minfin y Segeplan, el Estado tuvo una inversión pública menor al 60 por ciento en 2018.

La inversión pública es una fuente de creación directa e indirecta de empleos, pues una buena parte de las transferencias de capital las ejecuta el sector privado, específicamente en infraestructura social y productiva (escuelas, centros de salud, puentes y carreteras). Las dinámicas de tercerización (ONG’s y constructoras) han privatizado la inversión estatal con evidentes prácticas de clientelismo, corrupción y por ende, una acentuada cooptación de lo público, más en año electoral.

Ahora bien, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Cuál es el balance socioeconómico sobre los empleos reales y microemprendimiento a nivel local producto de la inversión pública? ¿Cómo la inversión pública ha facilitado los procesos de despojo en territorios indígenas con altos índices de conflictividad socioambiental? ¿Cuáles son los principios rectores y condiciones políticas para articular: reforma fiscal-inversión pública-desarrollo económico territorial-pueblos indígenas, ante el incumplimiento de los Acuerdos de Paz?

En Guatemala, el 2018 cerró con un gasto en inversión pública de 58.4 por ciento. En total fueron Q5 mil 45 millones 344 mil 218 lo que se gastó entre el Ejecutivo, las Municipalidades y Codedes para estas obras, de un total de Q8 mil 637 millones 645 mil 197 asignados para este ejercicio fiscal.

La inversión refleja rezago en cuanto a gasto social, hubo reducciones drásticas y malintencionadas en salud, agua y saneamiento, vivienda popular, medioambiente, turismo y otras actividades de servicios sociales.

Mientras rubros como carreteras, programas sociales, defensa, fertilizantes y otros fueron favorecidos con transferencias opacas ¿Cuáles son las conclusiones de los informes de Segeplan, CGC, Minfin, MP, Banguat y SB para vincular objetivos de desarrollo sostenible y presupuesto?

Finalmente, dentro de las limitaciones para la ejecución de la inversión pública se encuentran las deficiencias técnicas para licitar y adjudicar la obra, incapacidad de las Municipalidades y pánico a la Ley de Contrataciones por parte del Ejecutivo y Codedes.

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