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Opiniones de hoy

Siete reflexiones

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A propósito de la acción penal contra Magistrados de la CC.

 

Hoy me baso principalmente en la obra de Néstor Pedro Sagüés, titulada “La Interpretación Judicial de la Constitución”.

En 237 páginas (Lexis Nexis, 2ª edición), se hace referencia a múltiples técnicas interpretativas de la Constitución: desde la interpretación funcional, hasta la interpretación objetiva o subjetiva, pasando por la mutativa y la que prioriza la previsibilidad sobre la pura legalidad.

“La letra podrá decir claramente una cosa, la intención del constituyente podrá haber sido bien definida…, pero, en última instancia, la cláusula constitucional regirá del modo con que sea interpretada y aplicada. Con esto no se trata, desde luego, de legitimar las perversiones exegéticas, ni consentir los caprichos hermenéuticos”, dice Sagüés en su primer capítulo.

La primera reflexión: al parecer, es inevitable interpretar la Constitución. Y que esa labor está en el corazón de la función primordial de todo juez constitucional. Decidir el caso concreto.

Una segunda reflexión se centra en el hecho que, en Guatemala, no solo los magistrados de la CC son jueces constitucionales. Acá, lo son todos los jueces de la República, incluidos, por supuesto, los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La tercera reflexión es que, por regla general, ningún juez constitucional actúa oficiosamente. Siempre hay alguien que plantea una acción, y con ella, los argumentos que según el peticionario, le dan fundamento.

Una cuarta, toma en cuenta el principio que la Corte no puede dejar de resolver esas peticiones, pues hacerlo, implicaría incurrir en la ilegalidad denominada denegación de justicia.

Por supuesto, como dice Sagüés, la interpretación constitucional debe ser calificada, relevante, e imparcial.

¿Cómo medir estos parámetros? La quinta reflexión es que deben siempre estudiarse los propios razonamientos reproducidos por la Corte en su decisión.

La ausencia de razonamientos, o razonamientos contradictorios entre sí, permitirían asumir que no se cumple con esos parámetros de calificación, relevancia e imparcialidad (¿caprichos hermenéuticos o perversiones exegéticas?).

Pero si la decisión está debidamente motivada, y la entendemos, nos gusten o no los razonamientos en que se basa, la reflexión más importante, quizás, es que jamás debería permitirse deducirse responsabilidad penal a ningún juez constitucional por las decisiones que toma.

Permitir ello ¿atentaría directamente contra el Estado de Derecho?

Como última reflexión, cabe preguntarse si es por ello que el Artículo 167 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad establece que los magistrados de la CC no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo.

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