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Opiniones de hoy

Acuerdos para la gobernabilidad

opinion

Tercer escenario 2019.

 

En la construcción de escenarios siempre cabe un “futurible”, es decir, el escenario deseable. Dado que las instituciones del Estado llamadas a construir pactos sociales y políticos (el poder Ejecutivo y el Congreso de la República) se han convertido en trincheras del viejo régimen patrimonialista y fuentes de polarización, corresponderá a las elites sociales, como fuerzas intermedias, conducir una iniciativa de acuerdos mínimos para la gobernabilidad democrática.

Una premisa de este escenario es que en el último año de gobierno Jimmy Morales y el Pacto de Corruptos pierden poder e influencia, sea porque surgen las figuras políticas de relevo que competirán en el proceso electoral, sea porque casi 70 diputados tránsfugas no podrán reelegirse. Por tanto, el campo de la polarización que arrastramos desde el 2017 se trasladaría al juego electoral, que es donde cabe establecer ciertas reglas del juego de competencia leal. Algo parecido ocurriría en el complejo proceso de selección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.

Otra premisa es que las instituciones oficiales de contrapeso, como las cortes de justicia, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, la oficina del Procurador de los Derechos Humanos y, particularmente, el Tribunal Supremo Electoral procuran ejercer una autonomía real respecto de los poderes establecidos, con lo cual ganarían legitimidad social. Los referentes institucionales y personales fiables que hacen parte del Estado son indispensables para la construcción del escenario de acuerdos mínimos.

Condiciones favorables son, además, la experiencia acumulada desde el 2015 de diversos grupos y organizaciones de la sociedad civil en experimentos de diversa naturaleza y alcance variable para identificar agendas comunes e issues de “no retorno” a un pasado de corrupción, impunidad, violaciones de los derechos humanos y arbitrariedad. Contribuirá, por otro lado, el rol de los demócratas desde la Cámara de Representantes de los EE. UU. tanto en darle soporte a las iniciativas sociales de gobernabilidad y transición ordenada, como en recuperar la política bipartita hacia Centroamérica y ejercer las debidas presiones sobre las elites renuentes al cambio.

Actores indispensables en este escenario son, al menos, la Conferencia Episcopal, el Procurador de los Derechos Humanos, las universidades e instancias empresariales no comprometidas con el Pacto de Corruptos, así como un conjunto de coaliciones civiles en la capital y los departamentos, destacadamente las asociaciones estudiantiles y organizaciones con base territorial. El acuerdo podría partir del respeto de ciertas reglas del juego a fin de que el proceso electoral sea libre y competitivo, constructivo y no descalificador, por tanto, comprometería a los partidos políticos y sus candidatos a la Presidencia de la República, el Congreso y las corporaciones municipales. En el caso de las Cortes la experiencia de auditoría social permite anticipar los cuellos de botella del proceso y, en definitiva, ejercer el máximo control y presión sobre el Pleno del Congreso para alejar el riesgo de unas elecciones como las de 2014, cuando el PP y Lider se repartieron la CSJ.

En condiciones en que las instituciones de control operan con relativa normalidad y la presión social e internacional logra contener desbordes políticos y sujetar a los actores principales a ciertas normas de comportamiento democrático, el clima electoral se instalaría plenamente como una competencia política encaminada a darle salida a la crisis que ha empantanado al país en los dos últimos años. Restaría que el actual TSE, abrigado por la sociedad y la comunidad internacional, superara su segunda y más delicada prueba administrando, con las nuevas reglas electorales, un proceso ordenado, creíble y limpio.

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