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Opiniones de hoy

Un ejemplo para nuestros convulsos tiempos

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Así, pues, Marshall escribió la prudente decisión que resolvió el dilema.

El 24 de febrero de 1803, en el caso de William Marbury contra James Madison, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, encabezada por su presidente John Marshall, estableció el principio de la revisión judicial: un principio que se mantiene en los Estados Unidos y que ha sido imitado en muchos de nuestros sistemas constitucionales de gobierno.

La Convención Constituyente de Filadelfia de 1787 determinó que el poder del gobierno del Estado federal estaría dividido entre tres órganos con funciones diferentes: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. La idea de los constituyentes era evitar un gobierno federal omnipotente y despótico. Así, en el documento constitucional se establecieron las funciones y los límites de cada uno de los tres poderes, respectivamente, en los artículos uno, dos y tres.

Pero ¿qué hacer cuando se presentara un conflicto entre leyes o decisiones de los diferentes órganos en los que se encarnan las funciones del gobierno? La letra de la Constitución no daba una respuesta puntual. Tal situación se presentó cuando William Marbury, que había sido nombrado juez de paz en la capital federal por la administración de John Adams, demandó a James Madison, Secretario de Estado en la administración de Thomas Jefferson, que lo inscribiera de acuerdo con el cargo que había obtenido. Madison se negó a reconocer el derecho de Marbury. Así, el conflicto llegó a la Suprema Corte, que había obtenido jurisdicción por una ley del Congreso de 1789.

La Suprema Corte se enfrentaba a un grave dilema legal y político. Si el Tribunal fallaba a favor de Marbury, el secretario Madison podría negarse a reconocer la decisión judicial y la Corte no tendría forma de hacer cumplir la orden. Si la Corte decidía contra Marbury, se podría pensar que el poder judicial se habría sometido al partido de Jefferson, al negarle a Marbury el cargo que legalmente le correspondía. Así, pues, Marshall escribió la prudente decisión que resolvió el dilema.

John Marshall reconoció en su decisión que Jefferson y Madison no debían haber impedido la toma de posesión de Marbury como juez, pero que, sin embargo, la Corte no podía obligar a Jefferson y Madison a cumplir con lo demandado por Marbury, ya que la ley de 1789 que le daba jurisdicción a la Suprema Corte era una extensión indebida del poder judicial, en la esfera particular del ejecutivo. Al decidir no declararse en este caso en particular, el Tribunal Supremo aseguró su posición como árbitro final de la ley, sometiéndose únicamente a la Constitución.

La decisión en el caso Marbury contra Madison es aleccionadora para nosotros y para nuestro tiempo. En ella no solo se estableció la soberanía del documento constitucional, sino también la facultad de los tribunales de interpretar autoritariamente las leyes. De esa trascendental decisión de 1803 deriva que son los tribunales, específicamente la Suprema Corte, quien debe resolver, con prudencia política y según la ley, los inevitables conflictos que siempre se generan entre los distintos poderes del Estado. Solo así puede mantenerse el Estado de derecho.

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