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Violación del principio de máxima publicidad

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La Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos (LPRFEP) dispone que la declaración patrimonial es la exposición de bienes, derechos y obligaciones que, bajo juramento, los servidores públicos deben presentar a la Contraloría General de Cuentas (CGC), como requisito para ocupar el cargo; y, asimismo, que, al cesar en su función, deben presentar otra declaración sin la cual no se les puede extender finiquito. O sea que la declaración jurada patrimonial es una proclamación de activos que los servidores obligados deben entregar a la CGC al iniciar y al cesar en su función.

No obstante, la LPRFEP también establece que los datos proporcionados por los servidores obligados en la declaración jurada patrimonial, deben tenerse como confidenciales (secretos o reservados); y, asimismo, prohíbe su divulgación por cualquier medio y solo podrán verificarse dentro de un proceso judicial.

En todo caso, la Constitución protege la transparencia y el acceso a la información pública, al estipular que todos los actos de la administración estatal son públicos y que los interesados tienen derecho a obtener informes, copias, reproducciones, certificaciones, así como la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencial.

Por ende, bajo ningún punto de vista puede tenerse a la declaración jurada patrimonial de los servidores públicos como información privada proporcionada por particulares, que son quienes no tienen título o empleo que les distinga de los demás o aquellos que, como individuos, no ostentan autoridad pública o no representan a ninguna entidad estatal; y, por ende, dicha declaración no puede estar revestida de confidencialidad, por lo que debe tenerse como pública, susceptible de divulgación irrestricta y de libre acceso para los ciudadanos y la opinión pública, extremo que es el estándar internacional.

Consecuentemente, en mayo de 2015, se accionó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que declarara inconstitucional y dejara sin vigencia la frase que reza: “(…) deben tenerse como proporcionados bajo garantía de confidencialidad, se prohíbe su divulgación por cualquier medio y sólo (…)” contenida en el Artículo 21 de la LPRFEP, en función de que las declaraciones juradas patrimoniales de los servidores fueran públicas y no secretas.

La CC, más de tres años después de vencido el plazo para resolver, dictó la sentencia de fecha 4 de junio de 2018 (expediente 1732-2015), en la que se declaró inconstitucional la disposición legal impugnada. Sin embargo, la CC, en dicho fallo, no dejó sin vigencia la referida norma, conforme lo ordena el Artículo 140 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, bajo el inaudito argumento de que debe protegerse el derecho a la intimidad de los servidores públicos; y, en su lugar, conminó al Congreso para que reformara la norma declarada inconstitucional, sin fundamento jurídico alguno. En todo caso, han transcurrido seis meses sin que la CC resuelva las solicitudes de aclaración y ampliación formuladas por los accionantes.

Sin duda, esta es una sentencia antijurídica sin precedentes, que, además de que mantiene vigente una norma declarada inconstitucional, viola el principio de máxima publicidad que debe imperar en el sector público.

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