Si bastara con unas cuantas camionadas de dólares para resolver los problemas sociales y desarrollo del país, bienvenidos serían los préstamos internacionales.

No basta con tener acceso a financiamiento, debe contarse también con capacidad real de producir los resultados que la población demanda de esos recursos.

Capacidad que, a juzgar por la falta de resultados efectivos de la mayoría de dependencias del Ejecutivo y gobiernos locales, no se puede dar por sentada en ningún área de la administración pública.

Mientras no exista la capacidad de transformar los miles de millones de quetzales que reciben las entidades públicas en bienes o servicios valiosos para la población, no importan cuán favorables sean las condiciones de pago, comisiones y tasas de interés de cualquier tipo de préstamos, lo más seguro es que los recursos terminen malgastándose en actividades, acciones, productos e insumos que no cumplen la función de satisfacer las necesidades de la población.

Capacidad productiva no es lo mismo que capacidad de ejecución de fondos. Gastar por gastar es fácil, sobre todo si se trata de gasto corriente, como lo demuestran los elevados niveles de ejecución de estos rubros dentro del presupuesto.

Transformar el gasto en mayores niveles de bienestar de la población necesitada son otros veinte pesos, sobre todo si tal objetivo demanda sofisticadas intervenciones que sobrepasan las capacidades profesionales de la burocracia. No se diga, por supuesto, si de por medio existe opacidad y corrupción en la ejecución de los fondos.

Males que también aquejan al combate a la desnutrición infantil desde el sector público. Recursos no han faltado para este propósito, tal como lo demuestran los más de Q25 mil millones que se han asignado a los planes operativos anuales de Seguridad Alimentaria y Nutricional entre 2013 y 2018.

A pesar de todo ese gasto, según lo muestra la más reciente Evaluación del Gasto Social del Banco Mundial, Guatemala sigue retrocediendo en este indicador en comparación con otros países, además de mostrar un lento avance. Condiciones que los prestamistas internacionales, sobre todos los bancos de desarrollo, no deberían dar por sentado. Antes bien, deberían cerciorarse, más allá de toda duda razonable, de las reales capacidades productivas de las entidades públicas encargadas de ejecutar los fondos públicos.