En las próximas elecciones, se estrenarán las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos aprobadas en 2016. Tal parece que esa puesta en escena no mejorará el sistema de partidos, caracterizado por el vaciamiento de contenido, su falta de democracia interna, los precarios candidatos y su conversión en simples vehículos útiles para los asaltantes del Estado, estructuras criminales y toda una gama de intereses nocivos. Las condiciones para que las reformas sirvan de algo, se alejan fuertemente. Eso no interesa, obviamente, a los partidos y candidatos, tampoco a los financistas que ahora han recuperado espacios para operar a sus anchas y tampoco a los sectores que vieron, entre 2015 y 2017, que sus posibilidades de aprovechar las elecciones para cuotas de poder se habían debilitado; pero ahora han vuelto por sus fueros. Las principales dimensiones de las reformas no estarán montadas a plenitud, quizás ni siquiera en su