En las próximas elecciones, se estrenarán las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos aprobadas en 2016. Tal parece que esa puesta en escena no mejorará el sistema de partidos, caracterizado por el vaciamiento de contenido, su falta de democracia interna, los precarios candidatos y su conversión en simples vehículos útiles para los asaltantes del Estado, estructuras criminales y toda una gama de intereses nocivos.

Las condiciones para que las reformas sirvan de algo, se alejan fuertemente. Eso no interesa, obviamente, a los partidos y candidatos, tampoco a los financistas que ahora han recuperado espacios para operar a sus anchas y tampoco a los sectores que vieron, entre 2015 y 2017, que sus posibilidades de aprovechar las elecciones para cuotas de poder se habían debilitado; pero ahora han vuelto por sus fueros.

Las principales dimensiones de las reformas no estarán montadas a plenitud, quizás ni siquiera en su versión light. Por ejemplo, lo relativo al proceso electoral, se traduce en la modificación de las fechas de la convocatoria y de las dos vueltas electorales, así como la incorporación de una nueva fase (inscripción de candidatos). Quizás esto último sea de lo más llamativo, porque será un período en donde los partidos llevarán a cabo sus asambleas de nominación de candidatos y habrá fuerte pulso para facilitar e impedir la inscripción de varios de ellos. Otra dimensión es el fortalecimiento de las capacidades de fiscalización de las finanzas de los partidos. Con el reciente retroceso del Artículo 407 del Código Penal, será posible que veamos desfilar a los financistas que dejaron de lado los temores a ser investigados. Esa condición facilitará la participación de capitales oscuros, la postulación y elección de operadores del narcotráfico y de otras expresiones criminales, a quienes las nuevas reglas parecen no hacerles cosquillas. El órgano electoral tendrá una dura prueba en la implementación de las reformas, y en este tema, en particular.

Un ámbito nuevo, es el régimen de control y fiscalización de los medios de comunicación. Esto implica para el TSE, montar capacidades técnicas sofisticadas. El salto entre el modelo tradicional y el deseable es enorme. Varias instancias acechan para que no operen las reformas en esta materia y han presentado recursos ante la Corte de Constitucionalidad. Tal parece que no les sonará la flauta. Solo el hecho de aplicar la prohibición para que partidos y candidatos pauten propaganda en cualquier medio de comunicación, representa un hito; en especial, cuando la campaña se jugará en redes sociales y no en los medios tradicionales.

La aplicación del voto en el extranjero, es la dimensión pendiente. Aunque su carácter sea más simbólico que real, la implementación del modelo es una duda que ronda en el ambiente. Quizás solo se pueda aplicar, en el mejor de los casos, en algunos sitios de Estados Unidos, pero ello abriría frentes a la interposición de recursos legales por parte de connacionales que podrían ser impedidos de participar.

Estamos ante un proceso cuesta arriba, tanto por la aplicación de las reglas del juego, los perfiles de los competidores, como su carácter reinstaurador.

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