El pasado martes, el dirigente magisterial Joviel Acevedo, en medio de una concentración de maestros que tuvo lugar frente a las instalaciones del Congreso, se refirió a los recientes avances en las negociaciones para ampliaciones presupuestarias a favor de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) en el seno del Legislativo.

Acevedo afirmó que considera beneficioso que la Usac y los médicos reciban mejoras económicas y que eso evidencia que el gobierno sí cuenta con recursos para cumplir con el pacto colectivo de condiciones de trabajo del magisterio.

“Ahora nos damos cuenta que hay plata (…) entonces si hay plata tiene que haber plata para todas y todos. Tiene que haber plata para el pacto colectivo de salud y para el pacto colectivo de nosotros”, dijo Acevedo a voz en cuello.

Asume el líder empresarial que existe dinero a manos llenas en el sector público, cuya fuente principal son los impuestos que pagan los tributarios. Cabe señalar que el 67 por ciento de los ingresos estatales de destinan a gastos de funcionamiento (burocracia y administración), el 16 por ciento a gastos de servicio de la deuda (amortizaciones e intereses de deuda pública) y el 17 por ciento a gastos de inversión. Es decir que el grueso de los fondos públicos se gasta en burocracia y administración del sector público, y un porcentaje bajísimo (17 por ciento) se destina a inversión, entre lo que se incluye infraestructura física y fortalecimiento y ampliación de los servicios públicos esenciales (justicia oficial, seguridad pública, alimentación, educación preprimaria, primaria, básica, diversificada y superior, salud pública, cultura, deporte, transporte, etcétera).

Los gastos de funcionamiento tienden a aumentar gracias a las escandalosas erogaciones destinadas a incremento de la burocracia estatal (especialmente en el reglón 029), para financiar los onerosos convenios colectivos de trabajo en el sector público, que, por cierto, siguen sin revisarse, así como las transferencias multimillonarias a los opacos fideicomisos de ejecución de gasto público, fondos sociales y oenegés, el financiamiento del abusivo listado geográfico de obras de los diputados constructores, los dispendiosos programas clientelares, llamados ostentosamente “programas sociales” por el régimen de Álvaro Colom (2008-12), y las erogaciones superfluas (viajes, viáticos, gastos de representación, combustible, vehículos, guardaespaldas, alimentación, armas y municiones, etcétera).

Pero, según Acevedo, hay dinero para tirar para arriba y, por eso, todo incremento de ingresos debe repartirse entre los burócratas, lejos de destinarlo a satisfacer las referidas necesidades esenciales del Estado. Y si no alcanza, el Estado debe endeudarse más o decretar más impuestos sobre los ingresos, patrimonios y compras de los tributarios, aunque la economía haya entrado en un período de desaceleración.

En todo caso, es muy lamentable que la burocracia que vive de los impuestos que paga la iniciativa privada no tome conciencia que los recursos financieros (provenientes de la tributación) son escasos y que, por ende, deben ser gastados en un marco de priorización, racionalidad y calidad.