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Opiniones de hoy

El nuevo giro de la coyuntura

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Se acaba la fiesta del Pacto de Corruptos.

 

El resultado electoral del 6 de noviembre en los EE. UU. tiene mucho más que ver con nuestra sinuosa vida política de lo que percibimos a simple vista. Ha comenzado el cierre de la coyuntura de cien días efectivos que tanto envalentonó al Pacto de Corruptos. Esa coalición pudo abrir la puerta de Washington mediante un simple pero eficaz cabildeo (“todos los miedos juntos” que despertó la CICIG), apalancándose en la mudanza a Jerusalén y los apetitos mercaderes de la familia Trump, así como el derecho de picaporte que facilita financiar a más de algún senador republicano de Florida y las afinidades neopentecostales con la Casa Blanca.

El control demócrata de la Cámara Baja restituye el acuerdo bipartidista de la política centroamericana y se traducirá el próximo año en actos simbólicos y reales. Simbólica será la lista que anunció la representante Norma Torres, con nombres de criminales y corruptos que automáticamente perderán (o ya perdieron) la visa estadounidense, quedando públicamente marcados. Simbólica también la nutrida nómina de guatemaltecos, abrumadoramente mayor a la de los hondureños y, aún más, de los salvadoreños. Actos reales: las sanciones económicas por violación de derechos humanos y corrupción en los países de origen de los imputados en la Ley Global Magnitsky.

Simbólicas las visitas de senadores y representantes republicanos y demócratas inquiriendo sobre legislación contra la corrupción, compromisos de combate al crimen organizado, garantías en derechos humanos, independencia de jueces, elecciones libres y competitivas, y políticas efectivas de desarrollo en comunidades expulsoras de migrantes. En actos reales se convertirán las tareas que el Departamento de Estado y el Capitolio confiarán a la misión diplomática a cargo del embajador Luis Arreaga.

El vacío de poder de Washington en la coyuntura que se está cerrando evidenció que a pesar de la “revolución cívica” (2015) Guatemala sigue rehén del régimen patrimonialista. Que la lógica criminal volvió a enraizarse en la Casa Presidencial de Jimmy Morales y en el Palacio Legislativo de Arzú Escobar, Felipe Alejos, Armando Escribá, Galdámez, Javier Hernández y Hernández Azmitia, entre otros. Que aún con la CICIG ocurren regresiones y que los fiscales, jueces y magistrados independientes son vulnerables ante las arremetidas del Pacto de Corruptos. Que desvergonzadamente los truhanes sacan el cobre y sin rubor hacen piñata del presupuesto público, a la vez que lo emplean como látigo contra los independientes (Usac, PDH, CC, MP y otros).

Tras cien días de fiesta, el Pacto de Corruptos arrinconó hasta el límite a la justicia, asfixió financieramente a la prensa crítica, incrementó la hostilidad contra la disidencia, polarizó la sociedad y amedrentó a los moderados, mientras libraba a sus patrocinadores de ciertos delitos de persecución penal. Si Antonio Guterres ordenase el reingreso de Iván Velásquez, el Pacto de Corruptos daría el golpe de Estado, desconociendo la CC y declarando abiertamente la dictadura, como en Venezuela y Nicaragua. La profecía autocumplida de los grupos ultraconservadores.

El Pacto de Corruptos seguirá regateando su impunidad, pero pocos de sus integrantes la alcanzarán. La CICIG continuará operando más allá de la fecha de caducidad que declaró Jimmy Morales. El MP se recuperará y las Cortes de 2019 tendrán una composición equilibrada. La CICIG será el andamio para edificar el Estado de derecho con amplio horizonte temporal. Estará guiada con una prelación de casos cuya contundencia imposibilitará que “todos los miedos juntos” de los agentes de poder derroten la primera apuesta real de transformación que se abre en Guatemala en 70 años.

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