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Opiniones de hoy

Improcedente petición de Criterio de Oportunidad

opinion

La discrecionalidad en el ámbito jurídico, como ha quedado demostrado tantas veces en nuestro país, es una de las principales fuentes de abuso, corrupción e injusticia. En ese sentido, la solicitud que el MP hiciera a la jueza de Mayor Riesgo D de otorgar un Criterio de Oportunidad a los sindicados dentro del caso del financiamiento electoral debe analizarse con mucho cuidado. Para principiar, una condición necesaria para invocar este criterio es que se haya “acreditado la existencia del hecho punible” por parte del sindicado. En el referido caso, después que fuera modificada la descripción del delito originalmente perseguido, el famoso 407N, el hecho punible desapareció del ordenamiento jurídico. Razón por la cual el MP debió haber solicitado que se desestimara el caso en virtud de no existir más las razones que propiciaron la imputación original y en cumplimiento del principio constitucional que establece que “la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo”.

Esta petición, que aparenta ser un acto inocente de pragmatismo jurídico por parte del MP, en el fondo constituye una argucia legal para no terminar con las “manos vacías”. Contrario al MP, en este caso la juzgadora no tiene dos posibles avenidas de acción: tiene la oportunidad y la obligación de hacer que la ley se cumpla. Contrario a lo que algunos quisieran, y a lo que se ha vuelto práctica común, hacer justicia no es lo mismo que venganza. La molestia existente no debe ser hacia quienes resultaron favorecidos por consecuencias no intencionadas de quienes aprobaron la reforma. La lección que este caso nos enseña es la necesidad de seguir luchando por limitar y regular el ejercicio de la discrecionalidad en todos los ámbitos de la función pública y la política, en especial en todo lo relativo a la ley, desde que esta se crea en el Legislativo hasta que se interpreta por jueces y fiscales. Cualquier sistema jurídico que se precie de respetar los derechos fundamentales de las personas y propiciar una justicia eficaz y eficiente debería, como mínimo, garantizar límites efectivos al uso del poder por parte de los órganos y operadores de justicia.

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