El Pacto de Corruptos está metiendo las manos en el derecho a la educación superior de la juventud popular. Eso equivale a meter las manos en un hormiguero, pues a todas luces se trata de una venganza política frente a la crítica abierta de la comunidad universitaria –en especial, la beligerancia estudiantil a través de sus asociaciones y de la AEU– a las ejecutorias del Pacto de Corruptos y de sus próceres, Jimmy Morales, Jafeth Cabrera y otros tantos en el Congreso.

El presupuesto de la Universidad de San Carlos es cuestión de escamoteo de números, pero sus significados van mucho más allá. Son la razón moral y la tradición. La dignidad y el celo irrenunciable por la justicia y las libertades. Y también el revisitado debate sobre el lugar que ocupa la educación en una sociedad denigrada y empobrecida, en la cual, como nunca, la juventud pujante prepara tanates para buscar la vida en otra parte, desafiando riesgos y amenazas.

La Universidad acusa muchas debilidades y ha sufrido un sinfín de asaltos, pero conserva el espíritu crítico e identidad. Por eso supo acompañar las jornadas de 2015 y desde la redignificación de la histórica AEU ha estado de manera consistente al frente de la protesta antes los desmanes del Pacto de Corruptos. Más que desmanes, su insensato empeño de condenarnos a permanecer en las cavernas sin entendimiento ni ley, custodiados por la brutalidad de las armas, ahora hasta con
pesado brillo presupuestario.

La única Universidad pública de Guatemala no tiene capacidad para atender la demanda estudiantil. Debería de dar acceso a todos los que buscan enseñanza, diversificar sus campos y flexibilizar sus niveles a fin de ser más pertinente la educación a las culturas y la inserción productiva en el siglo XXI. Aun así, alberga a unos 230 mil jóvenes que representan el 70 por ciento del total de universitarios en el país. Posee centros, más o menos equipados, en todos los departamentos de la República, pero el campus de la zona 12 está colapsado y en los horarios pico es insufrible, pues la mayoría de los estudiantes asiste a clases después de la jornada laboral. Se requieren tres o cuatro campus más en la zona metropolitana central.

El mandato constitucional es que a la Universidad le corresponde “una asignación privativa no menor del 5 por ciento del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado, debiéndose procurar un incremento presupuestal adecuado al aumento de su población estudiantil o al mejoramiento del nivel académico” (Artículo 84). A pesar de que el texto no es ambiguo, el Ministerio de Finanzas siempre escamotea los dineros alterando la base del cálculo. Al final del día, la asignación resulta apenas por encima del 3 por ciento del presupuesto de ingresos ordinarios. Y aunque hay justificaciones técnicas, la razón es política. En la vida política, sobre todo, las finanzas son una efectiva  cadena para limitar la autonomía.

Esta vez el Pacto de Corruptos, en su soberbia, tan enorme como su idiotez, recortó Q249.1 millones del ya exiguo proyecto de presupuesto de la Universidad. La cuerda se rompe por lo más delgado, y siempre hay una gota que rebalsa el vaso. La frase que resume un evento político trascendente en la historia de Guatemala a mitad del siglo XX, y Manuel Galich la plasmó en el título de las crónicas sobre la caída del dictador Jorge Ubico y puede ser la sentencia ahora: “Del pánico al ataque”, pues no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista.