El Proyecto de Presupuesto para 2019 que el Ejecutivo envió al Congreso estaba muy inflado y era menester reducirlo. Las tareas de la Comisión de Finanzas eran, por un lado, desinflar el techo del gasto y, por otro, readecuarlo en función de los objetivos de desarrollo del país. En la primer, la comisión tuvo cierto éxito (aunque quizá debió reducirlo más), pero fracasó en la segunda pues dejó presupuestados varios oscuros “bolsones” que perjudican claramente la eficiencia y la transparencia del gasto público.

Aunque la reacción de la opinión pública se ha centrado en ciertos rubros (como los de la Universidad de San Carlos –Usac- o de las cortes de justicia), no es allí donde están los graves agujeros del presupuesto. En efecto, en el dictamen se incluyen más de Q1,500 millones para la Usac, que cubren el aporte que constitucionalmente le corresponden (y que equivale a todo cuanto reciben todas las secretarías y comisiones del Ejecutivo juntas), por lo que parece sobredimensionado el debate sobre los Q140 millones de recursos extraordinarios que este año no se le incluiría a la Usac, máxime si esta nunca ha rendido cuentas a la sociedad sobre la calidad de sus gastos, ni ha publicado periódicamente sus estados financieros auditados, ni tiene un sistema de indicadores para medir su desempeño académico, tal como hacen otras universidades estatales en el continente (como la UNAM o la Universidad Nacional de Costa Rica).

Los agujeros negros tampoco están en los recursos asignados al Organismo Judicial o a la Corte de Constitucionalidad, los que en el dictamen emitido tienen cubierto el aporte que por mandato constitucional les corresponde, aunque se les reduce un aporte extraordinario con el que ambas contaban. Pero se entiende que si el techo presupuestario tiene que reducirse (porque, como se indicó, estaba evidentemente sobrevaluado), todas las entidades del Estado deberían participar en un esfuerzo conjunto de racionalización del gasto público.,

El problema del dictamen radica en que ese esfuerzo de racionalización no es parejo: si por un lado se le pide un sacrificio presupuestario a entidades como el Ministerio Público o el Instituto Nacional de Estadística, es incongruente que se le asignen generosos aumentos a rubros oscuros o francamente ineficientes. Por ejemplo, se presupuestan más de Q2,600 millones (Q475 millones más que el año previo) a los Consejos de Desarrollo, y otros más de Q7,500 millones (Q800 millones más que en 2018) a las municipalidades, en ambos casos auténticas cajas negras del gasto público. También hay montos enormes, con aumentos injustificables, para rubros tan cuestionables como el Fondo Para la Vivienda (¡casi Q800 millones!) o los irresponsables aumentos salariales de los sindicalistas del magisterio o de la salud pública.

Ahora, la compleja tarea del pleno es la de corregir estas incoherencias para que el esfuerzo de reducir el techo presupuestario sea compartido por todas las entidades (especialmente aquellas que han demostrado ser más ineficientes), sin que esto ponga en riesgo la aprobación del Presupuesto para 2019 (necesaria para dar certeza en el débil ambiente de confianza que hoy impera), asegurando que cuente con normas mejor orientadas hacia la transparencia, la rendición de cuentas y la medición del impacto de las políticas públicas.