Después de tanta corrupción que ha salido a flote no queda duda de la importancia de la elección del nuevo Contralor General de Cuentas. Esta institución pública constituye el último punto de control en la cadena de creación de valor público, cuyo adecuado funcionamiento garantiza que en los eslabones anteriores de la cadena productiva se tenga el cuidado de manejar los fondos públicos de manera honesta y efectiva. O bien, en caso de no cumplir sus funciones, propicia los abusos, despilfarro, inefectividad y corrupción en la gestión pública. En un país con los niveles de corrupción del nuestro y un sistema político mayoritariamente en manos de grupos mafiosos, el control del ente contralor es parte esencial de la estrategia de captura del Estado. Para colmo de males, el diseño institucional que da vida a la Contraloría carece de un mecanismo que garantice su adecuada rendición de cuentas ya que corresponde juzgar el desempeño del Contralor a quienes lo nombraron en el cargo; en nuestro caso, quienes derivan beneficios, directos o indirectos, del mal funcionamiento de la institución. Desde esta perspectiva, la función de la Contraloría de Cuentas, en términos prácticos, se reduce a aquello de “para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”. No hay que olvidar que la Contraloría brillaba por su ausencia hasta que la CICIG empezó a apretar las “tuercas” contra la corrupción. Mejor prueba no hay de la forma selectiva en que opera esta institución: hacerse de la “vista gorda” de los “clavos” de quienes conforman la “rosca” y revisar “con lupa” hasta el detalle más mínimo de quienes no se alinean o interfieren con ellos.

Como es bien sabido, y ha vuelto a ocurrir, la designación de los representantes de los colegios profesionales y las facultades de auditoría que integran esta Postuladora, así como la selección de la nómina de candidatos al puesto, no ha estado exenta de graves señalamientos de tráfico de influencias, compra de voluntades y otro tipo de manipulaciones. En el pasado, salvo honrosas excepciones que se cuentan con los dedos de una mano, muchos de los integrantes de estas Comisiones y de los candidatos que obtienen un puesto en el listado oficial claramente han respondido a intereses de partidos políticos, grupos de poder y, como ahora se sabe, a redes criminales incrustadas dentro del poder público. Esta vez, según parece, estamos a punto que se repita la misma historia.