Empeñado en combatir a las mafias paraestatales que fueron tan cercanas a la administración portillista, el gobierno de Oscar Berger Perdomo retomó previos acercamientos oficiales a la ONU, para obtener apoyo en la lucha contra la corrupción en el Estado. Fue ese gobierno, el de Berger, el que terminó firmando el Convenio formal de creación de la CICIG en diciembre del año 2006, con un sesgo menos antimilitarista que el que había buscado originalmente “la izquierda”, que había tratado de “castigar” con dicho instrumento a los vencedores del Conflicto Armado Interno y así imposibilitar una “contrainsurgencia en tiempos de paz”. Fue hasta agosto del 2007, no obstante, que tras “opinión consultiva favorable” de la Corte de Constitucionalidad, el Convenio con la ONU fue ratificado por el Congreso, con el nombre de “Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”, una consciente y desde entonces, controversial, cesión temporal de soberanía en