La actual marcha de migrantes hondureños hacia los EE. UU., es una muestra palpable de las catastróficas condiciones de vida asociadas a la captura oligárquica y mafiosa del Estado en el norte de América Central. Esta dolorosa peregrinación hacia lo desconocido –quizás solo el comienzo de tragedias más tristes– debe marcar el momento en el que nuestras sociedades comprendan la necesidad de reflexionar seriamente sobre el futuro.

Este acontecimiento agudiza la conciencia de que estos países precisan de nuevas perspectivas, de nuevos caminos, tal vez de inéditos sistemas socioeconómicos. Estas posibilidades, sin embargo, no vendrán de los “tanques de pensamiento” que solo se afanan en reparar los orificios para demorar el naufragio de la globalización neoliberal. Es cuestión de crear un sistema social orientado a la dignidad humana, no uno subordinado a criterios geopolíticos ilegítimos o a ideologías que ven a los seres humanos como empresarios de sí mismos, emprendedores cuyo éxito depende de su capacidad de venderse.

Esta búsqueda de caminos muestra la relevancia de las universidades estatales, ya no solo en esta región, sino en cualquier lugar del mundo. En la presente coyuntura, la tarea de estas instituciones consiste en identificar, de manera crítica, las posibilidades de atenuar la insoportable precariedad que nubla el horizonte de las sociedades actuales.

En consecuencia, el ideal de una universidad crítica, orientada al servicio de la sociedad, debe ser defendido de manera vigorosa por los sectores comprometidos con el futuro de nuestro país. En Guatemala, esta tarea es fundamental frente a la crisis financiera que enfrenta la Usac. Por razones de espacio, me limito a señalar tres aspectos que, desde mi punto de vista, deben tomarse en cuenta.

En primer lugar, la ciudadanía debe oponerse a que la mafia enquistada en el Estado, como lo denuncia un reciente estudio del Icefi, siga manipulando las asignaciones presupuestarias para buscar el ahogo de la función crítica de la Usac. La comunidad universitaria debe buscar maneras efectivas de contrarrestar las extorsiones de la clase política corrupta.

En segundo lugar, la gestión interna de la crisis financiera no debe ser usada para justificar planes de austeridad que funcionan como luz verde para medidas que ignoran valiosas conquistas. En particular, dicha crisis no puede servir para transferir costos a una población estudiantil que también ha sido víctima de la precarización social. Dichas medidas pueden iniciar procesos de privatización que pueden llevar a consecuencias insospechadas.

En tercer lugar, se deben detener los despidos masivos que a todo nivel se han llevado a cabo dentro de la Usac. Es imposible que nuestra universidad pueda realizar su misión con crecientes grupos de trabajadores y catedráticos afligidos por la inestabilidad laboral que supone la sujeción a contratos de corta duración, sin garantía de renovación. La vocación humanista de nuestra universidad exige respeto a la dignidad de sus trabajadores y docentes.

En conclusión, los actuales problemas financieros de la Usac deben resolverse a través de un proceso democrático que incluya a todos los sectores universitarios, especialmente al estudiantil, organizado en la AEU. La solución debe ser inclusivo y centrado en la consideración de los intereses de todos los afectados. En este sentido, el Consejo Superior Universitario puede aminorar su déficit representativo si ayuda a organizar una solución democrática de esta crisis.