“La combinación de políticas macroeconómicas debería estar orientada a respaldar la demanda. Idealmente, ese respaldo debería instrumentarse reduciendo los límites al gasto público y facilitando al gobierno la ejecución de programas sociales y de infraestructura que promuevan el crecimiento”. (FMI: reporte Guatemala)

Año con año la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso se reúne con centros de pensamiento para asesorarse sobre el anteproyecto de presupuesto enviado por el Ministerio de Finanzas Públicas. Año con año también, adversamos las posturas que solo ven hacia déficit fiscal, y empujan hacia abajo el monto de ingresos tributarios, acomodando al Superintendente de la SAT y colocando un candado formal para constreñir el gasto.

Dada la rigidez de los compromisos, y la cantidad de subsidios que debieran revisarse, incluyendo algunos que alimentan las ganancias de un puñado de familias, al ponerse un candado formal al mismo, quienes sufren son los de siempre: los más pobres, los sin voz y en general la política social. Ese comportamiento ha sido una de las causas de nuestro fracaso en cumplir con los Objetivos del Milenio y de seguir así, el mismo derrotero tendrán los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS–.

El problema de los analistas económicos y de los centros de pensamiento convencional, es que su estrecho marco de análisis les impide proponer de conjunto las impostergables medidas de transformación que deben ir acompañadas de la aprobación de un presupuesto como el de 2019: ya están listas para discusión legislativa iniciativas para reformar el servicio civil y las adquisiciones; además esperan engavetados importantes proyectos de inversión, parcialmente financiados con recursos externos.

El razonamiento debiera ir en este sentido: si la prospectiva del crecimiento, disminuye algunos puntos, la fórmula consiste en ponerse a trabajar activamente para estimular el crecimiento económico, tal y como lo hace cualquier país civilizado con dos dedos de frente de sus elites y clase política. Si la prospectiva es hacia la baja, hay que trabajar para corregirla.

La propia Misión del Fondo Monetario que rindió su informe hace algunos meses recomienda una discusión seria de índole tributaria, y antes que se me señale que no estamos para imponer más impuestos, por lo menos el Ministerio de Finanzas Públicas y la SAT debieran estar haciendo todos los esfuerzos posibles, primero para explicarle bien a la Corte de Constitucionalidad que el combate al lavado de activos es fundamental, y además proceder al rediseño de normas importantes que son parte del Impuesto sobre la Renta, desplumadas por la Corte de Constitucionalidad del periodo 2012-2014.

El propio Fondo Monetario recomienda que lo que se debe hacer en el país es avanzar y no retroceder en materia de la eficacia del gasto público, y sobre ello debiera ser la discusión, no solo de la aprobación del presupuesto, sino de la agenda legislativa y del Ejecutivo en el plano de la política económica para 2019.

Cualquier político con dos dedos de frente, incluyendo a nuestra ensimismada clase política le interesa mejorar las condiciones económicas y sociales del país, y no caer en los escenarios proyectados cada vez con mayor probabilidad si el actual estado de cosas llega a la entropía.