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Opiniones de hoy

Trabajo a tiempo parcial: un derecho vedado

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¿Conocen a algún joven que quisiera trabajar medio tiempo para pagar sus estudios? ¿O a una madre que también quisiera trabajar medio tiempo mientras sus hijos asisten a la escuela?

Hoy nuestras instituciones actúan proactivamente por vedarles esas oportunidades. En nuestro país es difícil salir adelante. Muchos no pueden avanzar por no tener estudios, no pueden estudiar porque no tienen dinero y no tienen dinero porque no encuentran un empleo. Es un círculo vicioso sin fin.

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los jóvenes son tres veces más propensos a estar desempleados que los adultos, dos de cada cinco no tienen trabajo. La realidad de Guatemala es similar. Datos de la ENEI indican que el desempleo afecta más a jóvenes y mujeres. La tasa de desempleo abierto para los jóvenes entre 15 a 29 años es de 4.2 por ciento, 2.9 por ciento para los hombres y 7.1 por ciento para mujeres. De los que encuentran empleo, el 67 por ciento lo encuentra en el sector informal, en una mayor proporción las mujeres (70.2 por ciento).

Esta realidad pudo haber cambiado con el Decreto 2-2017. Tal ley cumplía con lo pactado en el Convenio 175 de la OIT sobre el trabajo a tiempo parcial, suscrito en 1994. Guatemala tardó más de veinte años en hacer valer este compromiso, ¡mucho más tiempo de lo razonable! Este decreto protegía los derechos de los trabajadores de tiempo parcial, brindándoles acceso a seguridad social, salud, maternidad, vacaciones anuales, licencia por enfermedad, etcétera. Tener un trabajo digno por hora, que además respetara las prestaciones de ley, parecía ser alcanzable. Con ello esta ley podría ayudarnos a reducir el subempleo, el desempleo y la informalidad, además de darle oportunidades a la población más vulnerable.

Tras su aprobación, quedaba pendiente la reglamentación de esta ley. Sin embargo, ¿qué pasó? En abril de este año la Procuraduría General de la Nación (PGN), al último minuto de la gestión de Gladys Annabella Morfín, publicó un dictamen que rechazó dicho reglamento, por supuestas contradicciones a lo establecido en nuestra Constitución. Pero la PGN no es la única. Se rumorea que la Corte de Constitucionalidad también quiere invalidar el Decreto 2-2017. Estas instituciones están vedando el derecho de millones de guatemaltecos que quieren un buen trabajo. Nos están truncando el sueño de una nación más próspera. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué intereses defienden? ¿Acaso no buscan lo mejor para nuestra nación?

Me parece totalmente irónico y absurdo cómo instituciones de gran importancia endiosan al Convenio 169 de la OIT (sobre consultas), atribuyéndole facultades que van más allá de lo que manda, mientras que al 175, un acuerdo de la misma envergadura y de la misma OIT, es vilipendiado y denigrado. No nos debe extrañar cómo miles de connacionales migran hacia el norte para encontrar una mejor vida, porque aquí en Guatemala les negamos ese derecho. No podemos hablar de más oportunidades, más empleos y más crecimiento si no apoyamos las iniciativas tan básicas como esta. Estamos paralizando el avance del país entero y truncando los sueños de millones que buscan un mejor futuro.

www.salvadorpaiz.com

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