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Opiniones de hoy

Una impunidad gravosa

opinion

Indicios, motivos y pruebas son incontestables.

El antejuicio por financiamiento electoral ilícito contra Jimmy Morales que solicitó el MP y la CICIG el pasado 10 de agosto, y que la CSJ dio trámite el miércoles 22, tiene, como es usual, dos caras: la jurídica y la política. Mi apreciación es que el Congreso lo va a enterrar, aunque no podrá matarlo pues no se juntarán 105 votos, dado que la UNE, otros bloques y varios diputados independientes bajarán el pulgar.

Pero el costo que pagará el Congreso por extenderle otro manto de impunidad a Jimmy Morales será gravoso. El proceso judicial tiene dos carriles. Uno es el de los empresarios imputados en el mismo caso, que no gozan de antejuicio e hicieron (algunos) un mea culpa, aunque, ya en el tribunal, se arrepintieron (menos uno, cuya implicación es más compleja). Además, el caso está construido sólidamente a partir de la documentación probatoria que facilitaron dos mujeres implicadas (sobre quienes los otros sindicados parecían dispuestos a hacer recaer la responsabilidad total; me dicen que, queriendo curarse en salud, encaminaron una demanda contra una de ellas).

Mientras este caso avanza a ojos vista contra los civiles, es altamente probable que el de Jimmy Morales (corresponsable, como secretario general del FCN y beneficiado en su campaña con esos dineros) se atranque en el Congreso. Esto sería impunidad pura y dura. Grosera desigualdad ante la ley. Y eso que, en el otro carril, no estamos hablando de cualquier civil. Históricamente los empresarios que pertenecen a los círculos de poder más exclusivos han estado lejos del alcance de la ley. Ya es usual ver procesados a presidentes, vicepresidentes y ministros, antes que a miembros de la súper elite económica.

Hay una razón política que explica la protección a Jimmy Morales, y es su rol simbólico (apasionado y desenfrenado, aunque torpe) contra el comisionado Iván Velásquez y la CICIG. Hay, además, una razón jurídica por la cual el amplio elenco implicado en financiamiento electoral ilícito no sale del embrollo. La reforma que pretenden –para librarse- del artículo 407N de la Ley Electoral, tendrá que pasar por el aval de la CC, la cual, por ahora, no está bajo el control del Pacto de Corruptos. Y si el Congreso ignora a la CC (igual que Jimmy Morales y parte de su Gabinete lo quieren hacer con la sentencia del non grato del comisionado Velásquez), caerá en desacato y abrirá una crisis jurídico-política de alcances impredecibles.

La cara jurídica de este proceso es incontestable y por eso dejará en ridículo la actuación política que procura impunidad para Jimmy Morales. Como enseñan los expertos en derecho penal: cuando hay indicios racionales de delito, el juez libra orden de captura; cuando el tribunal evalúa que existen motivos suficientes, liga a proceso; pero solo cuando existe plena prueba, condena. Conforme avanzan las fases del proceso, la exigencia es mayor, según el principio de que la duda favorece al reo. O sea, antes que condenar a un inocente, mejor absolver a un culpable. Cuando los procesos operan bajo el criterio de publicidad, como ocurre en Guatemala desde hace 25 años, y se comparan los dos carriles, resulta obvia y pesada la impunidad que le tramitan a Jimmy Morales.

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