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Opiniones de hoy

Privación de libertad

opinion

Nadie puede permanecer detenido sin haber sido interrogado.

El sistema penal inquisitivo, que tiene sus raíces en la Inquisición (cuya finalidad era la supresión de la herejía), se rige por la sospecha y la delación, así como por los supuestos de la averiguación secreta e inducida, la validez de la confesión obtenida bajo tortura, el arresto forzoso, la carga de la prueba recae sobre el acusado, o sea que pesa sobre éste probar su inocencia y no sobre el acusador demostrar la culpabilidad del acusado, así como conferir valor de plena prueba a la evidencia indiciaria (declaración de testigos). Sin duda, el linchamiento es una suerte de juicio sumarísimo de corte inquisitivo. En el proceso penal inquisitivo el juez y el acusador hacen causa común.

El sistema penal acusatorio, por el contrario, impone al Ministerio Público la carga de la prueba, es decir la obligación de demostrar y acreditar la imputación delictiva, a fin de despojar al acusado del velo de la presunción de inocencia que los resguarda, en el marco de un juicio justo. El proceso penal acusatorio se rige por los principios de contradicción, presunción de inocencia, igualdad procesal, publicidad, oralidad, la restricción de la libertad por excepción y la duda razonable favorece al reo. En el proceso penal acusatorio, adoptado por el Estado de Guatemala en 1994, la acusación es independiente del juez y actúa en igualdad de condiciones con la defensa.

El procesado conserva su libertad en el proceso penal acusatorio, salvo excepciones calificadas de peligro de fuga, riesgo de obstaculización para la averiguación de la verdad, imputación contra delincuentes reincidentes o habituales y sindicación por delitos gravísimos (asesinato, violación, secuestro).

Por mandato constitucional, cuando una persona es aprehendida o capturada por la policía, solo puede permanecer detenida en poder de ésta hasta un máximo de seis horas, sin ser puesta a disposición del juez competente. En todo caso, la policía no puede exhibir al detenido ante los medios de comunicación, sin que previamente hubiere sido interrogada por el juez competente, diligencia que debe ocurrir dentro de las 24 horas siguientes al momento de la detención.

Después de que el detenido ha sido oído por el juez competente, éste, cuando exista la comisión de un delito y motivos racionales suficientes para creer que el detenido ha participado en su comisión, podrá ordenar la prisión preventiva del mismo. Esto supone que una persona no puede permanecer detenida sin haber sido interrogada más allá de las 24 horas siguientes a su aprehensión o captura. Por tanto, solo es posible que el sindicado permanezca privado de libertad después de dichas 24 horas si el juez ordena su prisión preventiva.

Por otro lado, la prisión preventiva debe cesar cuando supere o equivalga a la condena de prisión que se espera o cuando su duración exceda de un año y tres meses más si se hubiere dictado sentencia condenatoria pendiente de recurso. Sin embargo, este plazo puede prorrogarse cuantas veces se estime necesario.

La apretada agenda judicial, en el contexto del juzgamiento por audiencias, imposibilita que los jueces, insuficientes y sobrecargados de trabajo, atiendan con la celeridad y eficacia debida los asuntos que se someten a su jurisdicción, extremo que ha dado lugar a que la detención de los sindicados se prolongue más allá de las 24 horas sin ser interrogados por juez competente, así como que la prisión preventiva de los procesados sea prorrogada indefinidamente, extremos agraviantes que contradicen los principios del sistema penal acusatorio.

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