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Opiniones de hoy

Descalificación y polarización, características del debate nacional

opinion

En un entorno democrático hay pocas salidas.

Es tendencia cada vez más marcada: el uso y abuso de la descalificación como recurso en el escenario político nacional, en las conversaciones en diferentes círculos del país, en las pláticas cotidianas y en las conversaciones familiares o con amigos. Se percibe mucha frustración que se traduce en enojo sobre actuaciones de la autoridad pública, sobre candidatos de la próxima contienda electoral, sobre las acusaciones y juicios en proceso, y, en forma creciente, por la desaceleración de la economía. La descalificación se basa en hechos concretos, en errores irrefutables o en el ataque de ciertos personajes, de uno u otro bando, haciendo de lo específico, la norma con que se juzga todo el acontecer nacional.

La polarización es resultado lógico. Se buscan espacios de refugio seguro, se retorna a concepciones pasadas, a conceptos de la guerra fría, a defender a toda costa mi bando y descalificar al contrario. No existen puntos intermedios. No se aceptan grises, se reduce al debate del blanco y negro. Los grupos se aislan unos de otros. Los radicales afianzan posiciones en los diferentes movimientos. Las redes sociales se convierten en el medio de descarga de la rabia, descalificación de rivales, con mentiras y medias verdades. Es la guerra psicológica. La distorsión de la realidad.

La solución no es fácil. Los agravios entre grupos y los procesos abiertos son hechos comprobados. Los afectados tienen sus razones de estar indignados y molestos. Son las chispas que prenden los fuegos de la confrontación. La respuesta profunda, sin embargo, es combatir estos fuegos y evitar alentar a los incendiarios. Guatemala necesita de cambios de fondo en su modelo político. El Congreso no tiene el respaldo de la ciudadanía ni tiene un buen historial de desempeño eficaz aprobando las leyes que se requieren. El Ejecutivo es cada vez más débil frente a grupos de poder incrustrados en las diversas instituciones. Para muestra, el número absurdo de sindicatos en la administración pública. El Organismo Judicial necesita de reformas estructurales profundas. La Contraloría presenta acciones fuera de su ámbito de acción e interfiere con procesos administrativos en la SAT, por ejemplo. Se podrían enumerar a otras instituciones y dependencias específicas. No hay soluciones fáciles, son problemas complejos.

En un entorno democrático hay pocas salidas. Una de ellas consiste en acordar una agenda mínima, pero estructural, de reformas necesarias antes del próximo proceso electoral, que permita hacia el futuro, a quien ocupe la Presidencia, que tenga una oportunidad de gobernar con cierto grado de maniobra. Una segunda, es seguir jugando al gato y al ratón, hasta que sea inevitable un nuevo contrato social completo, es decir, una Asamblea Nacional Constituyente. Por ahora, se prefiere aceptar que las decisiones las tomen otros por nosotros, Estados Unidos por ejemplo.

 

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