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Opiniones de hoy

Venezuela: inflación de un millón por ciento

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Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que en 2018 el Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela se contraerá un 18 por ciento y que la tasa de inflación llegará a un millón por ciento (en Guatemala es de 3.79 por ciento anual). La estimación original del FMI (en abril de este año) en materia de inflación en Venezuela era de 13 mil 800 por ciento.

El salario mínimo mensual en Venezuela está fijado en 5 millones 196 mil bolívares, equivalente a 1.5 dólares estadounidenses (Q11.22). La vertiginosa caída del poder adquisitivo hace que el gobierno presidido por Nicolás Maduro ajuste el salario mínimo casi cada mes.

Según el FMI, el dinero en Venezuela ya perdió sus funciones esenciales (unidad de valor, medio de cambio, medio de pago, depósito de valor y unidad de cuenta), y esto refleja la ausencia de control. Asimismo, sostiene el FMI que “la destrucción del sistema de precios ya está hecha”. Este desastre económico, sostiene el FMI, solo tiene parangón con los niveles inflacionarios de la Alemania de 1923 y del Zimbabue de 2008. Pero la catástrofe económica no es lo único que aqueja a la sociedad venezolana. A mediados del mes pasado, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) emitió el informe denominado “Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin”, el cual es el segundo informe a distancia sobre la situación en Venezuela que publica la OACNUDH. El primer informe fue emitido en agosto del 2017.

En este segundo informe, la OACNUDH denuncia la impunidad que impera en Venezuela, es decir la falta de castigo por las graves violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, así como la ausencia de rendición de cuentas al respecto. Asimismo, la OACNUDH expresa que las autoridades venezolanas no han apresado a los autores (intelectuales y materiales), cómplices y encubridores de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura en que han incurrido agentes del Estado y paramilitares.

En el informe de la OACNUDH se incorpora que, desde julio de 2015 a marzo de 2017, la entonces Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz (actualmente en el exilio), registró el asesinato de 505 personas por las fuerzas de seguridad. Ortega, según testimonios que menciona, expresa que el patrón que se repite consiste en incursiones en barrios pobres para detener criminales sin orden judicial, el asesinato de jóvenes en algunos casos en sus propias casas y la alteración de la escena de los hechos, para que los asesinatos aparenten haber sucedido como consecuencia de un intercambio de disparos con arma de fuego.

En dicho informe también se consigna que el régimen de Nicolás Maduro, abanderado del Socialismo del Siglo XXI (que propugna por el colectivismo, la intervención estatal, los impuestos confiscatorios y el totalitarismo), ignora o se desentiende de la magnitud de la “crisis alimentaria” en Venezuela, donde la mayoría de la población sufre “pobreza extrema”. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, recomendó que la Corte Penal Internacional “se implique” en la cuestión de los graves abusos de autoridad cometidos en Venezuela “(…) dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos (…)”.

¡Qué horror! ¿Hasta dónde llegará la caída indetenible de Venezuela?

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