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Opiniones de hoy

Legítima resistencia en Nicaragua

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La insurrección está a las puertas en Nicaragua.

El derecho de resistencia a la opresión es aquella facultad inherente a los ciudadanos a no soportar lo injusto, en especial el ejercicio despótico o abusivo del poder público. Se manifiesta a través de la indocilidad, la oposición, la desobediencia, la rebeldía y la defensa de los gobernados ante la imposición, la humillación, la usurpación, la injusticia y la esclavización perpetrados por los gobernantes. De suerte que la legítima resistencia es la respuesta extrema de los ciudadanos ante la violación de sus derechos fundamentales por parte de las autoridades estatales, y en la época moderna se manifiesta de manera pacífica, pero con mucha elocuencia y contundencia. No necesariamente es concertada, sino que puede surgir espontáneamente, a guisa de consenso colectivo, como una auténtica fuerza popular que busca liberarse del ejercicio opresivo del poder.

El Estado no tiene derechos, contrario a lo que sostienen con vehemencia los partidarios del estatismo, sino que solo ejerce autoridad con sujeción a la Constitución y la ley, y esta jamás debe emplearse para dominar u oprimir. Cuando la autoridad estatal se excede de sus potestades constitucionales o legales, incumple sus obligaciones jurídicas o no respeta ni protege los derechos de las personas, y estas no pueden defenderse, a través de ningún medio legal o persuasivo eficaz, los ciudadanos, en ejercicio del derecho de resistencia, quedan habilitados para desacatar las disposiciones u órdenes arbitrarias.

Inequívocamente, el abuso de poder, la impunidad, la opacidad, el terrorismo de Estado, la represión brutal y la corrupción, propios de regímenes despóticos, abusivos y espoliadores, son expresiones de burla e inobservancia de la Constitución y la ley; y, consecuentemente, empoderan a los ciudadanos a oponerse a la autoridad opresora.

Son modalidades del ejercicio del derecho de resistencia pacífica a la opresión: (i) La denuncia ante instancias jurisdiccionales y políticas nacionales e internacionales de la violación de derechos humanos; (ii) Las manifestaciones y protestas; (iii) Las huelgas de trabajadores y los paros patronales; (iv) La desobediencia civil, a través de no acatar o incumplir disposiciones u órdenes antijurídicas o emanadas de autoridades ilegítimas; y (v) La oposición política y la disidencia mediática frente a regímenes ilegítimos o fraudulentos.

Dados los graves acontecimientos ocurridos en Nicaragua durante los últimos 90 días, la comunidad internacional debe propugnar por la protección y defensa de la resistencia pacífica a la opresión, apoyar la restauración de la democracia institucional, así como acompañar el proceso político renovador nicaragüense, a través de la aplicación inmediata de la Carta Democrática Interamericana (OEA), antes de que la desesperación y el hartazgo ciudadanos desemboquen en una insurrección, al igual que la sublevación contra el régimen de Anastasio Somoza hace 40 años.

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