El sábado pasado, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, tras dos meses de manifestaciones y protestas, el número de asesinatos atribuidos a la represión del régimen Ortega-Murillo en Nicaragua, una cleptocracia pura y dura que abandera el Socialismo del Siglo XXI, ascendió a 285 (262 identificados), de los cuales 21 son niños, el último el bebé de 14 meses de edad, Teyler Lorío Navarrete. También se contabilizan 156 desaparecidos, 1,500 heridos y miles de detenidos, de los cuales el 90 por ciento han sido torturados.

En todo caso, se entiende por tortura “todo acto por el cual un funcionario público u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia” (Convención contra la Tortura, ONU, de fecha 10 de diciembre de 1984).

Las bandas paramilitares y parapoliciales del régimen Ortega-Murillo, apodadas como las “turbas divinas” por el ex-Ministro del Interior, Tomás Borge (1930-2012), están ocupando inmuebles propiedad de opositores y disidentes, lo que se ha interpretado como una confiscación de bienes.

La represión brutal del régimen Ortega-Murillo ha convertido las calles de distintas ciudades y poblados (Masaya, Managua, Monimbó, Jinotepe, León) en verdaderos campos de batalla entre combatientes en desigualdad de condiciones; por un lado, manifestantes (estudiantes, indígenas, curas, obreros, campesinos, profesionales, empresarios, ancianos, mujeres, niños), aperados con mantas, palos, bombas artesanales, hondas y piedras,para defenderse de los ataques gubernamentales; y, por otro, gendarmes y bandas paramilitares y parapoliciales, portando armas de fuego defensivas y ofensivas, pertrechos de guerra, vehículos motorizados y tanques lanza agua . Los muertos, heridos y detenidos los están poniendo los manifestantes.

Si bien el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha condenado los asesinatos y actos represivos, se ha abstenido de responsabilizar al régimen Ortega-Murillo de los actos de violencia, aunque es obvio que tanto las fuerzas armadas del régimen como las bandas paramilitares y parapoliciales sandinistas, son las causantes del derramamiento de sangre.

El régimen Ortega-Murillo está recurriendo a las mismas prácticas represivas propias de las que echan mano los regímenes chavista en Venezuela (Chávez y Maduro) y cubano castrista (Castro y Castro), lo que se traduce en flagrantes violaciones a los derechos fundamentales que no deben quedar impunes.