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Opiniones de hoy

Las redes familiares en el Estado

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Los parientes de los políticos infestan el Estado con su incapacidad y corrupción.

Hace unos años, Martha Casaús Arzú publicó su icónico libro Linaje y Racismo donde expuso la intrincada red de influencias que constituye el poder económico en Guatemala. A partir su estudio, pudimos comprender muchas cosas complejas, por ejemplo, el racismo como una estructura social que justifica la explotación económica.

Pero el poder económico no es el único que maneja los hilos del país. Está también el poder político, construido como una estructura de corrupción. ¿Cómo funciona la corrupción estructural? En los últimos tiempos hemos recibido un curso intensivo al ver cómo caen las múltiples capas de esa interminable cebolla: el financiamiento electoral ilícito, el tráfico de influencias, las plazas fantasma, las “cooperachas”, el cohecho. Pero faltaba una pieza crucial para armar este rompecabezas: las redes familiares.

Cuando hablamos de redes familiares enquistadas en puestos públicos es como abrir una caja de Pandora. Muchos de los puestos son plazas fantasma donde el beneficiario pasa una tajada al político de más perfil. Muchos no llenan los perfiles del puesto y no tienen capacidad para desempeñarlo. Esta incapacidad resulta nefasta para el desempeño general del Estado. Sin embargo, quizá el riesgo más grave es la oportunidad que tienen los políticos corruptos de operar a través de estas redes que les abren las puertas de información, actos espurios, colusión y muchos otros males. Todo el sistema de controles, pesos y contrapesos cae con estas oscuras redes.

Guatemala no es un botín para ser repartido entre familiares y amigos. Pero los políticos han convertido en práctica usual el nepotismo. Nosotros, los ciudadanos hemos sido permisivos también. Nuestra ineficacia como auditores, nuestra tolerancia, nos sale muy cara. No solamente se trata del desperdicio de nuestros impuestos para beneficiar a estas familias abusivas. Se trata de asegurarnos malos servicios, pobre ejecución de las funciones del Estado y, en casos cruciales, hasta la muerte.

¿Cuál es la solución? Para empezar, nos urge negociar una Ley de Servicio Civil que reglamente el acceso a los puestos públicos prohibiendo estas prácticas nepotistas, estableciendo concursos de oposición para los más relevantes y una carrera para servidores públicos que nos permita el acceso a un Estado confiable. Diversos proyectos para abordar este problema duermen en las gavetas del Congreso de la República y no saldrán de allí mientras, cada cuatro años, los gobernantes de turno y los que se perpetúan en el poder, tengan la oscura convicción de las plazas en el Estado son de su propiedad. Cambiar esta idea errónea nos corresponde a los ciudadanos. No sigamos permitiendo a los políticos gozar de nuestros impuestos con toda su parentela y tejer con ellos una red de corrupción que nos daña directamente.

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