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Opiniones de hoy

¿Quién se echa a tuto a Jimmy Morales?

opinion

Que no sea la fiscal general.

Un fin de la justicia es establecer la verdad, pero en las últimas semanas se ha quedado dormitando. Las versiones son estas: por un lado, el MP y la CICIG presentaron indicios de que Jimmy Morales, siendo secretario general y candidato del FCN, recibió financiamiento de manera ilícita en el cierre del proceso electoral de 2015. Por otro lado, varios integrantes de la cúpula empresarial admitieron haber organizado la entrega del dinero con procedimientos fuera de la ley (facturas en vez de recibos), y por eso están ligados a proceso penal.

En tercer lugar, el Tribunal Supremo Electoral inició hace varias semanas los trámites de cancelación del partido FCN, justamente porque recibió financiamiento ilícito durante la pasada campaña y no rindió cuentas. Otro de los dirigentes de ese partido, el coronel retirado Edgar Ovalle (prófugo por otro caso), mentor de Jimmy Morales, también fue responsabilizado por los fiscales de orquestar los mecanismos ilícitos para recibir los dineros.

O sea, hay una acusación penal, una auditoría electoral y la narrativa de varios hombres y mujeres de negocios que dicen lo mismo: Jimmy Morales recibió financiamiento ilícito. Quien lo niega, con cinismo y prepotencia, es Jimmy Morales. Entonces, si existen dos versiones sobre el mismo hecho, lo que procede es averiguar quién tiene la razón. Y para establecer la verdad, las autoridades judiciales tienen que investigar y presentar los hallazgos en los tribunales.

Pero, claro, antes hay que cumplir el proceso debido. El MP, ahora bajo la fiscal general Consuelo Porras, debe solicitar el antejuicio; la Corte Suprema (que ya rechazó tres solicitudes en 2017 contra el mismo personaje), calificarlo y, si es el caso, enviarlo al Congreso de la República donde se decide, con 105 votos. En teoría es una combinación de obligaciones técnico-jurídicas, y componendas y conveniencias políticas. Al cabo, todo es política.

Consuelo Porras fue postulada a fiscal general, con criterios técnico-políticos por una Comisión integrada básicamente por académicos, pero la decisión de Jimmy Morales de nombrarla, fue meramente política, sabiendo que más temprano que tarde él y varios de sus familiares más cercanos enfrentarán acusaciones penales. La fiscal deberá adoptar una decisión basada en los indicios racionales de la investigación y cumplir su deber. De lo contrario frustraría a una sociedad que por primera vez en 200 años comenzó a creer que nadie está por encima de la ley. Los diputados tienen los dos candados de la impunidad. Decretar una suerte de amnistía para Jimmy Morales y un puñado de políticos y empresarios, al reformar el 407N del Código Penal (que quedó en segunda lectura). Y rechazar la eventual solicitud de antejuicio, como lo hicieron en septiembre pasado.

La acción penal de la CICIG y la Fiscalía de Delitos Electorales contra los empresarios que aportaron financiamiento ilícito a Jimmy Morales, y la del TSE iniciando la cancelación del partido FCN por violar la ley, contrastan con la inacción de la fiscal general Consuelo Porras. Y el cuadro no se ve bien para ella. Cargando el molesto peso de Jimmy Morales jamás podrá alcanzar el cintillo que se alzó tras Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana. Si al cabo la decisión de la verdad en la justicia es política, que sean los políticos del Congreso quienes carguen con la impunidad. Hoy día, en nuestro medio, política, mentira, engaño, cinismo y cuero de danta resultan sinónimos, lastimosamente.

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