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Opiniones de hoy

Necedad justificada

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Para justificar esta necedad, bastaría señalar el fracaso de la reforma constitucional planteada en 1998.

En anteriores entregas me he referido a la necesidad de acuerdos políticos para reformar el Artículo 280 constitucional “Reformas por el Congreso y consulta popular” para posibilitar reformas constitucionales que sobrevienen al mantenerse preceptos constitucionales convertidos en “pétreos” no porque ese fuera el espíritu en la Asamblea Nacional Constituyente, ni porque sea el sentir ciudadano prevaleciente, sino porque el procedimiento de reforma por el Congreso y consulta popular no solo constituye un procedimiento muy costoso (Q300 millones por consulta), sino que se ha evidenciado políticamente inviable, hasta traumático, sujeto a presiones de sectores y grupos, ajeno a la posibilidad de ser consensuados en debates intensos de amplia participación ciudadana, como podría ser, gestionado por una Comisión Legislativa ad-hoc con audiencias públicas que aseguren la participación activa de los partidos políticos, de las organizaciones ciudadanas de todo nivel, aderezadas por audiencias generales en donde cualquier ciudadano podría exponer su criterio sobre la reforma.

Para justificar esta necedad, bastaría señalar el fracaso de la reforma constitucional planteada en 1998, el desprecio a la iniciativa de “pro-Reforma” que no fue conocida por el Congreso y la inviabilidad de las reformas al sector justicia promovidas en 2016 y 2017, que no pasaron a “segunda base” a pesar de su intención de mejorar el marco jurídico para una justicia “justa”, pronta y cumplida, requisito indispensable para la instauración del Estado de Derecho.

Pero nuestra carta magna precisa de reformas que trascienden a los Acuerdos de Paz y a la administración de justicia: transcurridos 33 años de su vigencia, sus contenidos tienen relación con la realidad que no vivieron los ciudadanos que hoy cuentan con poco más de cuarenta años de edad, y por tanto, ninguna referencia a la realidad que viven hoy los ciudadanos de 33 años o menos, que no habían nacido al promulgarse en 1985; y resulta que son ellos quienes están asumiendo y asumirán la responsabilidad de construir la nación a la medida de sus realidades y necesidades, lo que a mi criterio implica el establecimiento de procedimientos que les permitan ajustar el texto constitucional a sus circunstancias y aspiraciones.

Ciertamente hay múltiples preceptos requeridos de reformas que definitivamente no podrán reformarse mediante el procedimiento prescrito en el Artículo 280 constitucional; no solo por la inviabilidad política práctica del procedimiento, sino por el alto costo que podría significar para las finanzas del Estado.

Para ilustrar, enumero algunos artículos requeridos de reforma: 82 y 84, monopolio de la educación superior estatal; 88, exenciones y exoneraciones tributarias; 91, asignación constitucional al deporte; 100, monopolio de la seguridad social y excepción de cotizar al IGSS del Artículo 88; 115, definir fuente de ingresos para sufragar cobertura de jubilados y pensionados; 132, integración de la Junta Monetaria; 157, integración del Congreso y distritos electorales. En ámbitos político electorales, los Artículos 157 y 205; 182 al 202, Presidencia de la República; 213, asignación al Organismo Judicial; 224 al 231 y 253 al 262, municipios y ordenamiento territorial; 233, Contralor General; 239 y 243, poder tributario; 246, Ministro de la Defensa; el 251, Ministerio Público, etcétera, etcétera.

A mi criterio o necedad, el procedimiento de reforma establecido en el 280 constitucional no es útil para lograr el objetivo.

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