El organismo Judicial ha cargado con la obtusa perversión de ser la “cenicienta” de los poderes del Estado. Su asignación constitucional es inferior a la que se le asigna al deporte. La realidad del día a día es el hacinamiento de los casos, la carencia de los elementos necesarios para llevar a cabo su labor, la ausencia de protección y un escaso reconocimiento público. Pero el peor de los males es la constante vulneración a su independencia. El sistema de selección depende de una Comisión de Postulación politizada en el peor de los sentidos: se espera que los seleccionados obedezcan al mercado de influencias. La espuria actuación a dedo de la Supervisión General de Tribunales (órgano cuya pervivencia es cuestionable). Y para finalizar, ningún cuerpo normativo serio que defienda a un Juez del litigio malicioso y de las acciones de obstrucción de la justicia que en Guatemala son ofensivas por