El organismo Judicial ha cargado con la obtusa perversión de ser la “cenicienta” de los poderes del Estado. Su asignación constitucional es inferior a la que se le asigna al deporte. La realidad del día a día es el hacinamiento de los casos, la carencia de los elementos necesarios para llevar a cabo su labor, la ausencia de protección y un escaso reconocimiento público.

Pero el peor de los males es la constante vulneración a su independencia. El sistema de selección depende de una Comisión de Postulación politizada en el peor de los sentidos: se espera que los seleccionados obedezcan al mercado de influencias. La espuria actuación a dedo de la Supervisión General de Tribunales (órgano cuya pervivencia es cuestionable). Y para finalizar, ningún cuerpo normativo serio que defienda a un Juez del litigio malicioso y de las acciones de obstrucción de la justicia que en Guatemala son ofensivas por ser tan evidentes.

A pesar de todas estas pesadas oposiciones, han sido los jueces quienes han librado las batallas más valientes y las más exitosas para transformar Guatemala, a punta de fallos judiciales de profunda trascendencia, no solamente material, sino también a nivel simbólico. Pensemos en la fundamental actuación del Magistrado Epaminondas González, de la importancia simbólica del proceso por genocidio que lideró la jueza Yassmín Barrios, del respeto ciudadano que se ha ganado el Juez Miguel Ángel Gálvez, de la importante actuación de la Corte de Constitucionalidad al establecer límites a los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Sin embargo, la independencia judicial que se ha ganado su lugar como pilar de una institucionalidad verdadera (y no de mera apariencia), está en la mira. Los jueces independientes, los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad que ejercen su función sin doblegarse al poder crudo y corrupto, están siendo acorralados.

En fechas recientes el acoso sobre la jueza Erika Aifán se ha convertido en un escándalo. La Sala jurisdiccional prácticamente la quiere obligar a emitir un fallo en un sentido definido anulando su independencia; un magistrado acusado de corrupción la asedia con demandas y amparos; la Supervisión de Tribunales la hostiga; le coartan el ejercicio de su función al ningunearle recursos básicos.

Los guatemaltecos casi no hemos probado el dulce fruto de la justicia pues hemos vivido en un país donde es peligrosamente raro. Pero de manera muy lenta hemos aprendido su importancia básica: sin justicia no hay ciudadanía. Si queremos que el doloroso proceso de depurar la institucionalidad no sea abortado, debemos salir en defensa de la independencia judicial. Porque ha sido sobre los hombros de los jueces independientes que ha recaído la pesada carga de poner freno a los poderosos corruptos. No podemos dejarlos solos con esa carga.