Han transcurrido 33 años desde que el nuevo orden constitucional fue establecido. Las expectativas que hubo del mismo en la década de los ochenta fueron diluyéndose con el paso de cada administración de gobierno que en lugar de acercarnos al cumplimiento de los preceptos constitucionales, nos fue alejando hasta volver a la sociedad incrédula y resistente a creer que sea posible darle vida al bien común, a la justicia social, al respeto a la vida y el acceso a la salud, la educación y el trabajo como reza nuestra Constitución.

La mayoría de la población vive al margen del goce y disfrute de los derechos consagrados constitucionalmente y cada gobierno en lugar de reducir los numerosos déficits que existen, por ejemplo, pobreza y desnutrición infantil, lo que logra es aumentarlos como ha pasado con las últimas dos administraciones. Cada fracaso gubernamental es interpretado como un paréntesis que nos impide alcanzar la vida en democracia de allí que se continúe hablando de la transición a la democracia como un camino inacabado.

Si bien la democracia es efectivamente una ruta y no un destino, el sistema político y económico debe rendir resultados medibles que se traducen en mejorar el nivel de vida de la población; pero en nuestro caso las cifras hablan de todo lo contrario, un franco y pronunciado retroceso y deterioro en casi todas las áreas.

Elegir libremente cada cuatro años a nuestras autoridades es un ritual importantísimo de la democracia, pero insuficiente para decir que vivimos en democracia. La clase política tradicional sustenta su legitimidad para seguir abusando del poder en que han sido electos popularmente y han interpretado la elección como un cheque en blanco que les da la libertad de hacer lo que les venga en gana.

La ciudadanía por su lado, se muestra cada vez menos tolerante con los abusos de poder y pide crecientemente que sus representantes rindan cuentas de sus decisiones y actuaciones y que las agendas de los poderes públicos sean claras y apegadas a las demandas ciudadanas.

Hasta el momento observamos una ruta de choque entre lo que ofrece la clase política tradicional y lo que demanda la ciudadanía. En otras palabras, la famosa transición a la democracia podrá darse por terminada cuando un gobierno logre echar a andar un programa que nos acerque a los preceptos establecidos en la Constitución Política y se haga acompañar para ello de la participación de la mayor cantidad de sectores posible.

La clave para dar por terminada la eterna transición será cuando los partidos que compiten por el poder político entiendan que para dar resultados de su gestión de gobierno hace falta dar mayor participación en los espacios de toma de decisión a los diversos grupos que conforman nuestra sociedad y no conformarse con el resultado electoral pues como estamos viviendo con la actual administración, ha sido la más votada desde 1985 y también la más mediocre de todo este periodo.

La democracia electoral debe dar paso a una democracia ciudadana que se alimente de la participación activa y permanente. Para lograr eso no es indispensable reformar o tener una nueva Constitución, hace falta que quienes llegan a los puestos de toma de decisión rompan con el modelo cupular y excluyente de gobernar y simplemente se acerquen a escuchar y recoger las demandas y propuestas ciudadanas que son en la mayoría de casos mejores y superiores a las que los mismos equipos de gobierno recomiendan al gobernante de turno.