El neoliberalismo ha sido prolífico en Guatemala con un discurso falaz: la desigualdad es natural porque los seres humanos somos distintos en capacidades. De allí, que resulta una especie de “selección natural” la división entre riqueza y pobreza.

Este discurso populista del neoliberalismo quiere cegarnos a un hecho fundamental: los seres humanos vivimos e interactuamos dentro de una estructura social. Cuando esta estructura está concebida y organizada para provocar la desigualdad, privilegiando a unos por sobre los otros y consolidando un régimen de poder que no permite el crecimiento económico de grandes mayorías, tenemos un país como Guatemala donde la desigualdad mata.

El escritor Amos Oz lo dice de su propio país, Israel, que se ahoga en la violencia debido a la perversión de marginar a los palestinos: “Nunca podremos construir el país que soñamos mientras mantengamos la ocupación”. Efectivamente, la estructura de poder que privilegia a unos y condena a otros a la falta de oportunidades, al abuso y a la pobreza, no permite a nadie gozar de la plenitud de su ciudadanía.

Guatemala nació como nación moderna con la Revolución de 1871. La nación se fundó sobre principios de desigualdad: trabajo obligatorio para los indígenas en las fincas de los oligarcas; apropiación de enormes extensiones de tierra para entregarlas a los latifundistas. Estas dos premisas fundamentales de la “nación”, hizo nacer el sólido concepto de la finca como propiedad que incluía a los campesinos que nunca fueron vistos como ciudadanos, sino como “factores” de la producción.

Muchos de los fallecidos en la tragedia del volcán eran justamente producto de este desequilibrio: trabajadores humildes, hacinados en la marginalidad, que colaboran día con día a la poderosa riqueza de las plantaciones de azúcar, palma africana y otros monocultivos, sin recibir beneficios reales de su participación. Los propietarios de “la finca” nunca han pensado en construir una nación. Su premisa es mantener la desigualdad como medio y como finalidad de una estructura de poder donde la ciudadanía resulta un enemigo.

 Por eso CACIF patalea en contra de las manifestaciones cívicas, en contra de las marchas y de los bloqueos. El concepto de “ciudadano” antagoniza la manera en que intentan mantener ad eternum su “democracia” controlada. La marcha de CODECA a la capital debería ser aplaudida por todos los ciudadanos que deseamos una nación digna porque, en menos de un mes, siete dirigentes campesinos fueron asesinados. No se puede construir una nación sobre la base del asesinato.

Obligar al Estado a reaccionar para investigar lo ocurrido, procesar a los culpables y evitar que vuelva a suceder es la base de la institucionalidad real y no de una “institucionalidad” aparente que solamente favorece los intereses de “las personas que cuentan”.