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Opiniones de hoy

Imperativa rendición de cuentas

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La rendición de cuentas no se limita a un informe del obligado.

En cualquier empresa, sociedad o institución del sector privado es fundamental, determinante para que se cumpla con su objeto (lucrativo o no lucrativo), que los órganos administrativos, ejecutivos o gerenciales, rindan cuentas y respondan por sus actos ante los órganos decisores.

Los obligados deben informar, explicar y justificar sus actuaciones, así como los resultados de las mismas, en tanto que los propietarios, fundadores, asociados o sus legítimos representantes tienen el derecho de desentrañar y debatir los informes y estados financieros que se les presenten. Además, tienen la potestad irreductible de aprobarlos o improbarlos. Es más, si se encuentran anomalías e irregularidades en la administración, lo que procede es accionar legalmente por infidelidad o defraudación contra los responsables y/o que les exijan el resarcimiento por los daños y perjuicios causados.

En el sector público, los funcionarios y autoridades a cargo del ejercicio de la gestión o función pública están obligados a rendir cuentas ante Congreso. En ese sentido, la Constitución establece que el Organismo Ejecutivo (OE) anualmente debe presentar al Congreso una rendición de cuentas del Estado.

Durante La Colonia la rendición de cuentas se denominaba “juicio de residencia”, al cual se sometían todos los servidores públicos cuyo período de funciones terminaba o que eran cesados en el desempeño de un cargo. Al efecto, el obligado rendía cuentas de su actuación ante un funcionario designado, quien, además, tenía facultades para recabar información de terceros, incluso de afectados o agraviados. El informe del funcionario delegado debía ser aprobado o improbado por el Consejo de Indias. Si el resultado del “juicio de residencia” era desfavorable para el enjuiciado, este podía quedar inhabilitado para optar a nuevos cargos públicos, en tanto que si le era favorable podía promocionarlo.

Por supuesto, la rendición de cuentas no se limita a que el obligado elabore un informe sobre lo que estime relevante o interesante de su actuación, sino que, por el contrario, demanda la sumisión a un verdadero escrutinio (averiguación) de la gestión; implica que se ahonde en cuestiones oscuras, ambiguas, controvertidas o sensibles, así como la explicación, con suficiencia, de cualquier acción u omisión. De suerte que no puede asumirse como rendición de cuentas el informe anual que tradicionalmente presenta el Presidente ante el Congreso.

Asimismo, la Carta Magna dispone que cada Ministerio debe formular la liquidación del presupuesto anual y someterla a conocimiento de la Contraloría General de Cuentas (CGC), y que esta, recibida dicha liquidación, debe rendir informe y emitir dictamen al Congreso, para que este apruebe o no la liquidación. El Congreso también debe aprobar o improbar anualmente, en todo o en parte, previo informe de la CGC, el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas que le presente el OE sobre el ejercicio fiscal anterior. Además, la Constitución ordena que los organismos y las entidades descentralizadas o autónomas del Estado, con presupuesto propio, presenten al Congreso la liquidación correspondiente. Es suma, el Congreso debe aprobar o improbar toda la ejecución presupuestaria (liquidación de ingresos y egresos) de cada ejercicio fiscal anual, contando para el efecto con el informe de la CGC.

En todo caso, la aprobación implica que las actuaciones de las autoridades y funcionarios a cargo de la ejecución presupuestaria quedan convalidadas; y, por ende, no procede que se deduzcan responsabilidades legales en su contra. Ahora bien, si el Congreso imprueba la ejecución presupuestaria, la consecuencia inmediata es la deducción de responsabilidades legales en contra de quienes tuvieron a su cargo la ejecución presupuestaria no aprobada.

Sin embargo, las ejecuciones presupuestarias no han sido aprobadas ni improbadas por el Congreso desde hace 20 años. Inequívocamente, esto supone un incalificable incumplimiento de deberes.

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