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Opiniones de hoy

La trama de intrigas que ayuda a Jimmy Morales a sabotear la CICIG

opinion

(Este artículo fue publicado en The Hill, uno de los periódicos más influyentes para los congresistas de Estados Unidos)

El 4 de mayo, el senador estadounidense Marco Rubio anunció que se retendrían US$6millones de fondos de asistencia destinados a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Rubio afirmó que esperaba respuestas a “preguntas importantes” sobre una “posible connivencia” entre la Comisión y el gobierno ruso. El senador instó al presidente Jimmy Morales a que investigara el tema.

Rubio es un firme defensor del Estado de derecho en América Latina y el resto del mundo. Por ello, resulta muy llamativo que tome una decisión que podría sabotear lo que se percibe ampliamente como la iniciativa anticorrupción más exitosa de la región. Desde 2007, la CICIG ha contribuido a la detención de numerosas personas que muchos creían intocables, incluidos un conocido narcotraficante y tres expresidentes, de los cuales uno fue obligado a renunciar cuando la Comisión reveló una red de corrupción que operaba desde la propia Casa Presidencial.

El éxito de la Comisión se debe, en gran medida, al apoyo recibido desde Washington, que hasta hace poco ha sido bipartidista y efusivo. Los vicepresidentes Joe Biden y Mike Pence han alabado la labor de la Comisión. En una visita efectuada en 2016, el máximo funcionario antinarcóticos del Departamento de Estado, William Brownfield, señaló que la Comisión había conseguido “más impacto en combatir y resistir a la impunidad y la corrupción que cualquier otra institución en todo el planeta”. En agosto pasado, la embajadora ante la ONU Nikki Haley declaró que la Comisión “contaba con el pleno apoyo de Estados Unidos”.

La gran mayoría de los guatemaltecos comparte ese entusiasmo. Pero no su presidente. El excomediante Jimmy Morales ganó la elección de 2015 postulándose como un candidato ajeno al mundo de la política que estaba dispuesto a luchar contra la corrupción y apoyar a la CICIG. Sin embargo, cambió radicalmente de posición cuando la Comisión presentó cargos por fraude contra su hijo y su hermano, y empezó a investigar el financiamiento de su campaña presidencial. Primero, intentó expulsar de Guatemala al titular de la Comisión. Luego, su partido político y sus aliados en el Congreso intentaron sancionar leyes que hubieran permitido que políticos corruptos evitaran la cárcel. Los defensores de la CICIG lograron frustrar ambos intentos, con la ayuda de la presión del gobierno estadounidense.

Entonces Morales buscó minar el apoyo recibido por la Comisión desde Washington congraciándose con la Casa Blanca. A poco que el presidente Trump dio a conocer su decisión de trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén, Morales anunció que Guatemala haría lo mismo. Luego se presentó en el Desayuno Nacional de la Oración, un evento patrocinado por congresistas estadounidenses, e insistió hasta conseguir que el presidente Trump le concediera una reunión de 15 minutos. Durante meses, Morales pareció estar logrando escasos avances, y la investigación impulsada por la Comisión sobre el financiamiento de su campaña siguió avanzando a paso firme.

La ayuda para Morales llegaría de la mano de una fuente inesperada: el financista estadounidense Bill Browder, un incansable defensor de las víctimas de persecución del gobierno ruso. Estas víctimas incluyen a su propio contador, Sergei Magnitsky, quien fue torturado y murió en una cárcel en Moscú. (Como consecuencia de ello, y gracias a los esfuerzos de Browder, el Congreso de EE. UU. aprobó la Ley Magnitsky que permite aplicar sanciones a responsables de violaciones de derechos humanos.) Entre las víctimas se incluyen además
–según cree Browder– miembros de una familia rusa que la Comisión procesó en Guatemala.

En enero, un tribunal guatemalteco condenó a prisión a Igor e Irina Bitkov y a su hija Anastasia por el uso de pasaportes falsos obtenidos a través de una red delictiva que operaba en la Dirección General de Migración. En respuesta, Browder inició una campaña para persuadir a legisladores estadounidenses de que la CICIG había procesado a la familia por pedido del gobierno ruso. Por iniciativa suya, en abril se celebró en el Congreso una audiencia denominada “El brazo largo de la injusticia: ¿Acaso una comisión de la ONU creada para combatir la corrupción ayudó al Kremlin a destruir a una familia rusa?”. Una semana más tarde, Rubio consiguió que se retuvieran los fondos para la Comisión hasta que se esclarecieran sus vínculos con Rusia.

No han surgido pruebas de vínculo alguno. El banco VTB, de propiedad del Estado ruso, presentó una demanda penal por fraude de identidad y otros delitos contra los Bitkov en Guatemala en 2013, y participó como querellante adhesivo en las etapas previas al juicio en su contra. No obstante, la investigación que posibilitó su detención empezó tres años antes. Y el querellante adhesivo actúa con independencia del Ministerio Público y la CICIG.

Browder y Rubio también han cuestionado aspectos del proceso contra los Bitkov que consideran “inexplicables”. La Comisión, sin embargo, ha dado explicaciones adecuadas. La única cuestión que concita interrogantes válidos es la severidad de las penas impuestas a los Bitkov: 19 años de cárcel para Igor y 14 para Irina y Anastasia. Pero fue el Ministerio Público
–y no la CICIG– el que recomendó aplicar la máxima pena. Esto es lo que suelen hacer los fiscales en todo el mundo, a menudo como táctica para propiciar que se llegue a un acuerdo con los imputados. Ello puede dar lugar a penas desproporcionadas, como parece haber ocurrido con los Bitkov. Sin embargo, esta estrategia dista de probar que exista conspiración con una potencia extranjera.

En Guatemala, el anuncio de Rubio se percibió como una victoria mayúscula para Morales. No solo implicó que la Comisión podría perder una proporción considerable de su presupuesto de US$21 millones para 2018, sino que además ya no podría contar con el consenso en Washington que la protegía de los ataques del presidente Morales. El 10 de mayo, seis exministros de Relaciones Exteriores de Guatemala enviaron una carta al Congreso de EE. UU. advirtiéndole que retener los fondos fortalecería a los enemigos de la justicia. Precisamente, ese mismo día, el gobierno de Morales le solicitó a Suecia –el otro país que otorga un importante apoyo económico a la Comisión– que reemplazara a su embajador, un importante defensor de la CICIG. Desde entonces, el gobierno ha advertido que expulsará al embajador si Suecia no lo aparta voluntariamente.

El senador Rubio no puede pretender razonablemente que una investigación de la CICIG realizada por el presidente Morales puede aportar resultados creíbles. En cambio, Rubio y sus pares en el Congreso deberían presionar al Departamento de Estado de EE. UU. y a los organismos de inteligencia para que brinden lo antes posible toda la información relevante con la que cuentan. Y si no hay pruebas de connivencia con el Kremlin, deberían restablecer el financiamiento y ratificar sin demora su apoyo bipartidista a la Comisión. Sería un absoluto disparate permitir que el temor a una amenaza inexistente por parte de Rusia fortalezca la amenaza cada vez más concreta y real que el propio presidente de Guatemala representa para los notables esfuerzos que se han llevado adelante en el país –con la ayuda de la CICIG– para combatir la corrupción y la impunidad.

*Daniel Wilkinson es director ejecutivo adjunto de la división de las Américas de Human Rights Watch.

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