Siempre he comentado que los guatemaltecos esperan que los jueces y fiscales procedan imparcialmente y que los primeros resuelvan con ética e independencia absoluta, sin plegarse a presiones, menos aprovechar para satisfacer su odio y venganza.

Sergio García Ramírez expresó: “Estamos en la era del poder judicial, estos son los días de la magistratura, ya no del gobernante unipersonal; esta es la hora de la magistratura que ha de ejercerla con independencia, imparcialidad y competencia, lo cual debe estar garantizado por el mandato constitucional y la voluntad del pueblo” y “Afirmó que en la actualidad el juez contemporáneo es un constructor del orden jurídico porque interpreta e integra la normativa-la Constitución- que sirve a una sociedad” (invitado por la CICIG. 31-01-17).

En la práctica la realidad es otra. No es lo mismo observar desde fuera y defender a la supuesta víctima o decantarse por el victimario, al final es probable que ambos terminen siendo víctimas de un sistema de justicia, dirigido por operadores doblegados por la presión mediática o, por la presencia de embajadores en los juicios, quienes talvez asisten para corroborar el correcto uso de los fondos donados por sus países –lo cual es legítimo–. Circunstancias en las cuales se escudan algunos jueces para emitir fallos moralmente perversos, siempre que se acepte que la justicia es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde.

Algunos fiscales incurren en conductas similares a la de los jueces escudándose en supuestas o reales presiones, que los obliga a aperturar casos; condicionantes que hacen públicas cuando terminan procesados por actividades criminales parapetados en sus funciones.

Lo narrado anteriormente viene de la experiencia personal, cuando siendo Viceministro de Gobernación (1994) fui condenado a diez años de cárcel por el fallecimiento de un estudiante durante un enfrentamiento con la Policía Nacional.

La sentencia tuvo vicios de forma y fondo que llevó al presidente del tribunal a razonar su voto. En el debate se percibió claramente que los otros dos jueces tenían definida su decisión, ya que obviaron
circunstancias, testimonios e indicios.

Posteriormente un tribunal de apelaciones revirtió la sentencia, lo que confirma la actuación anómala de los juzgadores; quienes debían intervenir guardaron silencio.