En Guatemala no existe institución más obsoleta e innecesaria que el ejército. A más de 20 años de firmada la paz, su existencia solo ha aportado al fortalecimiento de las estructuras criminales y del trasiego de drogas establecidas desde la década de 1970. El acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Democracia, debió marcar una reestructuración y reducción permanente e irreversible de la institución armada, pero esto, como sucedió con los contenidos del resto de los Acuerdos de Paz, nunca se ejecutó. El ejército, en números, jamás se redujo a lo acordado y violando las recomendaciones de los Informes de la Verdad, por 18 años el ejército participó en operaciones de seguridad interna, hasta marzo de 2018 cuando se retiró de las calles.

De manera descarada, los militares continúan controlando una inmensa cuota de poder desde múltiples ámbitos: la institución armada, el crimen organizado y la política partidista. Este poder se ha ejercido en alianza con las elites del país quienes han financiado las campañas políticas que han colocado a criminales militares en la Presidencia, el Congreso y las cortes.

Independientemente de las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, sobran los ejemplos de las acciones ilegales en las que el Ejército ha estado involucrado desde hace cinco décadas. Ejemplos recientes: el viernes fueron arrestados tres militares por asociación ilícita, peculado y cohecho pasivo en la Industria Militar. En abril de 2018 fue arrestado el coronel Ariel Salvador de León, Ex-director de Logística del Estado Mayor del Ejército, quien al momento de su arresto prestaba servicios en el Comando Regional de Occidente, acusado de lavar dinero para grupos criminales, incluida la Mara Salvatrucha. En la operación fueron incautados Q76.2 millones. Los vínculos entre el Ejército y las maras no son nuevos, en mayo de 2017, se detuvo a un soldado encargado de distribuir armas de grueso calibre al Barrio 18. Y los ejemplos son interminables…

Hoy, es inaudito que Jimmy Morales continúe incrementando el presupuesto del Ministerio de la Defensa pero aún, más absurdo es que como ciudadanía sigamos permitiendo la existencia de esta institución que solo produce violencia, crimen, corrupción e impunidad.