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Opiniones de hoy

La justicia transicional en serio

opinion

La sociedad guatemalteca debe estar alerta frente a cualquier intento por construir una justicia transicional hecha a la medida de la impunidad.

En los últimos meses, se ha intensificado la reflexión sobre la justicia transicional en el país. Mientras se articulan propuestas legislativas que favorecen a los responsables del actual colapso estatal, al tiempo que intentan criminalizar la protesta social, columnistas de varios medios argumentan a favor de un esquema de justicia transicional para abreviar la interminable lucha contra la corrupción.

Estas iniciativas expresan la convicción de que la lucha contra la corrupción ha alcanzado una magnitud que no se puede encuadrar dentro de los parámetros de la justicia penal establecida. No se puede obviar, sin embargo, que, al menos en algunos casos, la insistencia en la justicia transicional aspira a abrir un camino de salvación para poderosos sectores económicos cuya responsabilidad en el actual descalabro estatal es más que evidente. Incluso, el fenómeno de la responsabilidad penal empresarial en conflictos armados recibe cada vez más reconocimiento en diversas partes del mundo.

Para evitar cualquier malentendido, debo manifestar la necesidad de un abordaje crítico de la justicia transicional. Primero, coincido con el jurista español Juan A. García Amado cuando considera que el concepto de justicia transicional está lejos de ser claro y preciso. Segundo, coincido con el teórico norteamericano Robert Meister cuando denuncia el hecho que los sectores de poder pretransicional suelen conservar sus privilegios a pesar de los procesos organizados en nombre de este tipo de justicia. Sin embargo, también comprendo la necesidad de encontrar caminos para salir de la actual situación de incertidumbre.

Aun considerando la poca claridad del concepto y su implementación sesgada a partir de los poderes establecidos, se puede afirmar que los primeros avances de justicia transicional en el país no apuntan a un proceso de superación del estado corrupto que se intenta abandonar. Por lo mismo, la sociedad guatemalteca debe estar alerta frente a cualquier intento por construir una justicia transicional hecha a la medida de la impunidad. Para que la justicia transicional actual no se convierta en ejemplo paradigmático de gatopardismo –todo cambia para que todo siga igual o quizás– se deben impulsar cambios estructurales, no arrepentimientos superficiales ni medidas de reparación inocuas.

Un proceso de justicia transicional supone un esfuerzo por construir un marco amplio desde el cual puedan organizarse el conocimiento de la verdad, un diálogo profundo y valiente, expresión de una determinación a no cometer hechos de la misma naturaleza, la determinación de responsabilidades y reparaciones. Se debe mantener, asimismo, un espíritu de igualdad básica frente a la ley. Los sectores involucrados en el financiamiento ilícito de este sistema podrido no pueden pedir medidas benignas para ellos cuando exigen mano dura contra la protesta social.

Una estrategia argumentativa efectiva consiste en denunciar la incompatibilidad de las acciones de aquellos que quieren que todo se acabe con un perdón, todavía no concedido socialmente, con sus discursos.

Se le puede exigir al sector privado, por ejemplo, que respalde su voluntad constructiva con el abandono de los engañosos postulados de la economía extractivista. El ejemplo del agua es sumamente importante en este sentido. De lo contrario, dentro de pocos años estaremos en otro proceso de justicia transicional ambiental en el que estos sectores aceptarán su culpa otra vez, solo para seguir manteniendo los privilegios de siempre.

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