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Opiniones de hoy

Potenciales conflictos de interés…

opinion

A propósito de la próxima designación del o la Fiscal General de la República y luego de haberse llevado un proceso fiscalizado por la sociedad civil, calificado como transparente para la integración de la lista de seis candidatos que ya fue entregada por la Comisión de Postulación al Presidente de la República, resulta oportuno, en esta última etapa, que se pueda descartar cualquier indicio de potenciales conflictos de interés de los candidatos, por lo que más allá del perfil idóneo que fue definido por la propia Comisión y que debió ser uno de los parámetros ponderados por dicha Comisión, un ejercicio interesante, es considerar el ámbito del cual provienen los seis candidatos, circunscribiéndolo específicamente al ámbito del ejercicio de la función pública y al ámbito del ejercicio liberal de la profesión.

En caso, el futuro Fiscal General de la República proviene del ámbito de la función pública, que podría ser el caso de cinco de las seis personas que integran el listado final de candidatos, un potencial conflicto de interés podría descartarse pues su función pública la están ejerciendo actualmente en la magistratura, judicatura, fiscalía y dirección de litigio de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, lo que en todo caso, podría ser considerado como una fortaleza porque la experiencia de esas posiciones puede orientar a la toma de decisiones tendientes a continuar, mejorar, fortalecer o corregir los protocolos, prácticas, procedimientos y políticas que el Ministerio Público ha llevado a cabo en su política de persecución penal, pero podría ser francamente muy diferente cuando un candidato proviene del ámbito del ejercicio liberal de la profesión.

Resolver esta inquietud no es una cuestión sencilla, porque en este ámbito, necesariamente el profesional liberal, resulta ser un abogado litigante, que llegará a ser la máxima autoridad de los propios casos que ha litigado, por lo que es un imperativo preguntarse: ¿Existe un interés propio o en función de terceros, que resultan ser los clientes o representados, por llegar a ese cargo o posición?; ¿en qué posición quedarán los clientes o representados del abogado litigante si su defensor llega a ser el Fiscal General de la República?; ¿debe un abogado litigante plantearse estos cuestionamientos y reflexiones antes de considerar su postulación al cargo de Fiscal General?; ¿refleja una personalidad prudente y ética, la decisión de postularse al cargo teniendo casos en litigio bajo su dirección?; ¿debería ser un requisito esencial para los candidatos al cargo, que se acreditara que no tienen litigios bajo su cargo y dirección, al menos desde un año antes de su postulación, para evitar un potencial conflicto de interés? Valgan estas interrogantes para quienes con rigor y consistencia ejerzen auditoría social, monitorean y siguen estos procesos fundamentales para la persecución penal independiente. Asimismo, es el caso del propio presidente Morales, al escoger al Fiscal General, tomará una decisión trascendental para erradicar la corrupción y la impunidad que prevalece en el país y enraizar la justicia, el Estado de Derecho, la civilización y la decencia.

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