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Opiniones de hoy

Coyuntura y columnas de opinión

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“Yo lo digo”, lo “dice mi compañero (a)”.

A pocos días de solicitar la baja definitiva del Ejército (1998), principié a escribir en elPeriodico con el compromiso de que “En ningún momento pretendería formar opinión ni defender un sistema político-económico o ideología, sino simplemente contribuir con información para reducir o limitar la desinformación –escasa por esos días y abundante en la actualidad–. También exprese mi disposición de comentar temas específicos a propuesta de los lectores”. Curiosamente la semana pasada una persona mostró su extrañeza al no leer en este espacio un artículo o algún comentario por Vea Canal en defensa del Ejército.

Durante los primeros años de columnista refuté por medio de referencias confiables y plenamente identificables, varias versiones inexactas publicadas después de la firma de la paz (1996), acerca del enfrentamiento armado interno en nuestro país, pero una vez publiqué mi primer libro Testigo de Conciencia, periodismo de opinión documentado (2000), comprendí  que este espacio no es para la defensa gremial, sectorial o responder ataques mediáticos de los “anti”; no obstante admito lo difícil que resulta dejar pasar por alto algunos de los comentarios sin más sustento, que “yo lo digo”,  lo “dice mi compañero (a)” o dejar de aclarar a medias verdades, porque los lectores desean opiniones que vayan en la dirección de aclarar el panorama actual del país, particularmente el limbo jurídico en nos encontramos con tanto jurista opinando a favor o contra del actuar de la justicia.

Por estos días el Ejército ha sido el centro del debate mediático debido a las situaciones jurídicas en las que están inmersos oficiales de alta en la institución armada, lo cual dio pie a que algunos comentaristas liguen al ministro de la Defensa y al Presidente en estas situaciones. Pero obvian que en uno de estos casos también aparecen abogados que fungieron como fiscales, jueces y magistrados, pero, no involucran a la Corte Suprema de Justicia ni al presidente actual o a sus antecesores, tampoco se debe involucrar al Ministerio Público, mucho menos a la actual Fiscal General o a quienes tuvieron el honor de desempeñar ese cargo en el pasado. Y qué decir de la Policía Nacional Civil, cuyos miembros se han involucrado en secuestros, extorsiones, tumbes de drogas y falseamiento de las capturas con fines mediáticos, hechos por los cuales no deben responder el Presidente, Ministro de Gobernación o Director de la PNC.

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