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Opiniones de hoy

Otro periodista asesinado

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Según informaciones de prensa, el pasado martes, fue asesinado a balazos el comunicador Edwin Alexander Castañeda Choc, de 38 años de edad, operador de la radio La Pantera 99.1 FM y conductor de taxi. El hecho de sangre ocurrió a la altura de la 2a. calle y 15 avenida de la zona 1 de Cobán, Alta Verapaz. Era socio fundador de la Filial de Alta Verapaz de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala.

 

Con el asesinato de Castañeda Choc el número de comunicadores y periodistas asesinados se elevó a 15 en los últimos 19 meses. En el año 2016 fueron asesinados nueve periodistas, en el año 2017 se registraron tres asesinatos y en lo que va del presente año tres.

 

El Artículo 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dispone: “9) El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

 

Asimismo, el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec, adoptada por La Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en México, D.F., el 11 de marzo de 1994, establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”.

Los asesinatos de periodistas son cobardes ataques contra el ejercicio de la libertad de expresión de ideas en nuestro país, la cual está reconocida y garantizada a todos los habitantes del territorio nacional por la Constitución y los tratados y convenciones internacionales ratificados por Guatemala (Declaración Universal de DD. HH., Convención Americana sobre DD. HH., etcétera).

Además, los Artículos 2 y 3 de la Constitución establecen que es deber del Estado de Guatemala garantizar a los habitantes del territorio nacional la vida, integridad y seguridad de las personas, obligación que, evidentemente, dista mucho de cumplir a cabalidad.

Por tanto, exigimos, en forma enérgica, al Gobierno de la República que, a través del Ministerio de Gobernación, y en conjunto con el MP y los tribunales de justicia, cumplan con su deber de esclarecer el asesinato del comunicador Castañeda Choc, con celeridad y prontitud, a fin de que los autores (intelectuales y materiales) y los cómplices y encubridores de dichos hechos de sangre sean detenidos, juzgados y severamente castigados, así como los crímenes contra otros periodistas y comunicadores que siguen sin esclarecerse.

Por otro lado, demandamos enérgicamente del gobierno la inmediata adopción e implementación de un programa de protección de periodistas, que proteja y defienda la vida e integridad personal de los periodistas y comunicadores, que en esta particular etapa de la historia nacional se encuentran altamente vulnerables y están bajo amenaza permanente. Por cierto, esta demanda se enmarca dentro del compromiso incumplido que contrajo el gobierno en el año 2012 ante el Consejo de DD. HH. de la ONU (Ginebra, Suiza).

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