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Opiniones de hoy

Tres reformas

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En los dos primeros años de este período constitucional, se ha perdido la oportunidad de renovar el marco constitucional del sector Justicia.

El tiempo transcurre y no pasa en vano y los responsables de gestionar los cambios requeridos para asegurar mejores niveles de convivencia y mayores oportunidades de desarrollo en este mundo cambiante, quedan en deuda. Lamentablemente, la clase política pareciera solo perseguir su beneficio, por lo que no extraña esa formidable resistencia al cambio que pone en riesgo el futuro de todos, con extremada visión de corto plazo a costa del sacrificio de las nuevas generaciones. En los dos primeros años de este período constitucional, se ha perdido la oportunidad de renovar el marco constitucional del sector Justicia, al impedirse el proceso de reforma planteado con el respaldo de múltiples instituciones y entidades; tampoco fue posible lograr cambios en la LEYDPP que podrían contribuir a mejorar la representatividad y legitimidad del sistema político, entre otras.

A mi criterio deben gestionarse sin demora cambios constitucionales y legales que aseguren acabar definitivamente con el secuestro de la representación ciudadana por parte de las entidades políticas; específicamente, el Artículo 157 constitucional, para establecer distritos electorales pequeños, abrir competencia a los partidos políticos, viabilizando la inscripción de candidatos a las diputaciones por comités cívicos electorales (al menos temporalmente limitado uno o dos procesos electorales) asegurando el ejercicio del derecho ciudadano de votar por personas y no por listas. De la misma forma, gestionar otras reformas que mejoren el procedimiento para la reforma constitucional por el Congreso de la República y Consulta Popular contenido en el Artículo 280, dada las evidentes limitaciones que este procedimiento exhibe y su dependencia del ambiente político predominante al momento de realizar la Consulta Popular, al convertirla en una especie de referéndum sobre el gobierno de turno y no sobre el texto de la reforma, imposibilitando el tratamiento sereno y objetivo de los cambios al texto constitucional; considerar el contenido del Artículo 281 acerca de los no reformables, con el único objeto de dejar el campo abierto para repensar el ordenamiento constitucional conveniente para el desarrollo del país en el largo plazo, sin que ello implique necesariamente la eliminación de su contenido, sino una revisión de la corta lista de artículos no reformables que podrían confirmarse,
reducirse o ampliarse.

Los ciudadanos guatemaltecos, independientemente de la condición social y económica y de su opción ideológica y preferencia política y de la posición que se tenga acerca de la importancia, pertinencia y urgencia de la lucha contra la corrupción y la impunidad, debemos todos poner los pies en la tierra y reconocer que el tiempo perdido por los actores políticos en este período constitucional ya no es recuperable y que aunque hubiera la mejor disposición de avanzar en la reforma electoral, ésta ya no regiría para el próximo evento electoral; pero a cambio, que nuestros representantes se dispongan a mejorar su legitimidad y gestionen la reforma del Artículo 157 para que el nuevo Congreso apruebe en el plazo de un año la nueva Ley Electoral ya en armonía del nuevo artículo constitucional; y se gestionen otras reformas incluidas y que resultaren pertinentes, las que podrían someterse a la aprobación por consulta popular juntamente a las elecciones generales de 2019.

De lo contrario, estamos condenados a profundizar el desencanto e inviabilizar nuestro desarrollo político.

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