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Opiniones de hoy

¿Por qué sigue impune el negocio del Transurbano?

opinion

Como se recordará, la “camarilla gobernante” durante el régimen de Álvaro Colom (2008-12) gestó el “negocio del Transurbano”, que consistió en financiar, con fondos estatales, la adquisición de buses en Brasil, la millonaria exención fiscal y la operación del sistema prepago.

El negocio del Transurbano se inició con el Acuerdo Gubernativo 103-2009, suscrito por Colom y sus ministros, por medio del cual se autorizó la entrega a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) de la suma de US$35 millones (cerca de Q280 millones), en concepto de un discrecional y opaco “aporte económico de inversión”, a sabiendas que los asociados de la AEAU eran empresas de transporte privadas lucrativas (lo que imposibilitaba el referido aporte), que supuso un escandaloso fraude de ley. Dicho “aporte económico de inversión” se documentó a través de un informal “convenio privado”, suscrito por el Ministro de Finanzas (Minfin) de Colom y la AEAU, mediante el cual se concretó el susodicho traslado ilegal de fondos públicos a empresas privadas lucrativas.

Debido a que el referido “aporte económico de inversión” no estaba presupuestado, en dicho Acuerdo se autorizó al Minfin para que, con cargo al Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2009, se otorgaran desembolsos de hasta Q80 millones. Asimismo, en el citado Acuerdo, el régimen de Colom, lavándose las manos y tratando de evadir su responsabilidad legal, consignó que la AEAU era la única responsable de la correcta utilización de los recursos, conforme la normativa vigente en materia presupuestaria y de acceso a la información.

Posteriormente, el régimen de Colom, a través del Minfin, entregó otros ilegales “aportes económicos temporales” a la AEAU, entre ellos los ordenados en los Acuerdos Gubernativos 281-2009 y 176-2011, por Q79.8 millones y Q43 millones, respectivamente, también a través de otros “convenios privados”, suscritos en los mismos términos del inicial.

Asimismo, cabe recordar que durante el régimen de Colom se emitió la Ley para el Fortalecimiento y Mejoramiento del Transporte Público de Pasajeros (Decreto 21-2010 del Congreso), mediante la cual se exoneró a las empresas o asociaciones autorizadas que prestan el servicio de transporte público urbano y extraurbano de personas, a nivel nacional, del pago del IVA, y demás derechos arancelarios a la importación de unidades totalmente nuevas de autobuses y microbuses para el transporte público, con exclusividad para uso del transporte donde se instalará el sistema prepago en los departamentos y municipios de la República; y, asimismo, se exoneró a las asociaciones y/o empresas autorizadas de transporte urbano y extraurbano de personas a nivel nacional registradas conforme a la Ley, del pago del IVA, y demás derechos arancelarios a la importación, a la importación de equipos para la implementación del sistema de prepago, sistemas de control de pasajeros, sistemas de gestión de flotas, sistemas de información en los autobuses, sistemas GPS y grabación digital, sistemas de cómputo, molinetes de control de pasajeros y equipos especiales necesarios, para las estaciones y patios para el sistema Prepago. Estas exoneraciones lesivas para el Estado se tradujeron en que este dejó de percibir, por lo menos, Q700 millones.

La revista alemana Manager-Magazin denunció la sobrevaloración de los buses del Transurbano así: “La empresa Transurbano pagó por los buses brasileños alrededor de 126,000 dólares por los buses normales, y 275,000 dólares por los buses articulados (dos partes), un cuarto más que el precio de mercado. Un precio tan alto que solo podía significar un soborno entre las dos partes”.

En todo caso, debe tenerse presente que la Procuraduría General de la Nación, a requerimiento del MP, ya dictaminó en el sentido que los “aportes económicos de inversión” a favor de la AEAU son notoriamente ilegales y lesivos para el patrimonio del Estado. En Brasil, la denuncia de sobrevaloración fue un escándalo y los procesos penales están en marcha. Sin embargo, en Guatemala nada ha pasado y los responsables de este escandaloso negocio ilícito siguen impunes. ¿Por qué? No sabemos.

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