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Opiniones de hoy

Pésimas señales al mercado y a la nación guatemalteca

opinion

Los ministros de Finanzas Públicas siempre osan aventurarse en metas ambiciosas, mientras que los Superintendentes de la SAT suelen ser más conservadores.

El directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT–, integrado por el ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, y de dos profesionales nombradas por el Presidente de la República, Jimmy Morales, y que responden a los nombres de Adriana Estévez y Silvia Castillo Martínez procedieron a remover, la semana pasada, de su cargo al superintendente de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa.

De acuerdo con la información de cierre de captación de ingresos tributarios, se reporta un cumplimiento del 97.8 por ciento de la meta de recaudación de impuestos, existiendo una brecha fiscal de Q1,286 millones que se preveía desde hace un buen tiempo por parte de diversos analistas económicos, teniendo en cuenta que los ministros de Finanzas Públicas siempre osan aventurarse en metas ambiciosas, mientras que los Superintendentes de la SAT suelen ser más conservadores.

En el caso del superintendente Solórzano Foppa debe tenerse en cuenta que le tocó encabezar no solo una reestructuración interna de SAT, enfrentándose a poderes tenebrosos como los que aún privan en el sector aduanero y en las portuarias estatales, sino además empujó una serie de procesos legales de evidentes procesos de defraudación tributaria que también ocuparon los primeros espacios de los medios de
comunicación social.

Pareciera ser que los dirigentes del país son desmemoriados y además pretenden ser indiferentes a las crisis recientes, tal es el caso de lo acontecido a partir del 16 de abril del 2015, cuando con el apoyo de la CICIG y el Ministerio Público se reveló la existencia de la estructura ilegal denominada “La Línea”, por lo que han sido procesados el expresidente de la República, general Otto Fernando Pérez Molina y la ex vicepresidenta, señora Roxana Baldetti, entre otros altos funcionarios, que impulsó un proceso de indignación y convergencias ciudadanas buscando contener la degradación moral revelada, y que está presente tanto en la esfera estatal como en la privada. Frente a casos emblemáticos, Solórzano Foppa, logró una recaudación más que aceptable en el 2016, implementando incluso la cobranza por la vía judicial con intervenciones a empresas, lo que levantó las quejas de los grupos organizados de empresarios y sus centros de pensamiento que, como se sabe se encuentran incrustados en todos los ámbitos de la alta toma de decisiones en el medio: en la prensa escrita, hablada y televisada y qué decir de la academia y en el propio Congreso de la República, en donde asesoran directamente a diversas bancadas y proponen iniciativas y reformas a leyes, a diestra y siniestra. En suma, el mensaje al mercado, especialmente a quienes no pagan correctamente sus impuestos es que pueden solazarse y a la sociedad y ciudadanía indignada que quiere cambios fundamentales en nuestra democracia y economía política es que los dueños de la piñata siguen en el poder político y que necesitan un Superintendente afín a ellos.

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