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Opiniones de hoy

El riesgo de una reforma electoral inadecuada

opinion

La integralidad de las propuestas para mejorar participación y representación.

Guatemala es un país donde los consensos faltan y las fragmentaciones sobran. Somos una sociedad históricamente desconfiada, con poca capacidad de establecer puentes de comunicación entre sectores relevantes, y con escasa articulación de acuerdos y consensos.

Sin embargo, existen ciertos momentos en que los intereses de país se convierten en un articulador lo suficientemente poderoso como para superar los males antes identificados. Ocurrió en el 2015, cuando la lucha contra la corrupción se convirtió en el elemento unificador de la sociedad guatemalteca. Y silenciosamente, apareció nuevamente en el 2017, cuando diversos sectores de la sociedad identificaron la necesidad de promover una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y sobre todo, cuando la mayoría de los sectores convergieron –por espontaneidad y no por coordinación activa– en los mismos ejes de la propuesta.

Durante el segundo semestre 2017, vimos cómo desde diferentes espacios se repetían los mismos cuatro ejes como las necesidades urgentes de reforma electoral:

– Primero, reducir las barreras de ingreso al sistema de partidos, para facilitar la participación electoral de los ciudadanos. Aquí variaban las formas (algunos proponían partidos departamentales, otros comités cívicos distritales, y otros simplemente reducir los requisitos de formación partidaria), pero en todos el metamensaje era el mismo.

– Segundo, revisar el sistema de distritos electorales y apostar por un sistema de subdistritos en donde se acercara más al votante con sus diputados.

– Tercero, promover mayor individualización en la emisión del voto legislativo. Aquí también variaban las formas (desde quienes proponían voto uninominal puro hasta quienes hablaban de listas semiabiertas o desbloqueadas) pero el metamensaje era el mismo.

– Y cuarto, fortalecer a la autoridad electoral, dotando a los magistrados del TSE de mayor autonomía frente al Congreso y los partidos políticos.

Fue tanta la multiplicidad de mensajes en una misma línea, que la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso –que operaba bajo el incentivo de apostar por cierto statu quo en el modelo de operación partidario– no tuvo otra salida que someter a discusión los temas antes descritos en la emisión del Dictamen a la Reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Sin embargo, no todo quedó incorporado en el dictamen final. Los subdistritos quedaron. Como también una propuesta de voto preferente. Sin embargo, ni el fortalecimiento al TSE ni la reducción de barreras de ingreso al sistema de partidos fueron incorporadas a al dictamen.

He ahí el pecado capital de la Reforma Electoral que se discute en el Congreso de la República: la falta de integralidad de la misma. Al incorporar el sistema de subdistritos, pero no facilitar la participación de fuerzas políticas vía la reducción de barreras de ingreso, se genera el efecto contrario al demandado: se reduce la representatividad efectiva, puesto que deja en manos de unas pocas agrupaciones políticas la capacidad real de alcanzar escaños en el hemiciclo.

Caso similar ocurre al desmenuzar la propuesta de voto preferente. Si bien se incorpora el mecanismo para que el votante pueda individualizar su voto, la fórmula propuesta para asignar escaños sigue favoreciendo a la lista del partido. En términos prácticos, el votante podrá emitir un voto por persona, pero a la hora de asignar los escaños, sigue pesando más la posición del candidato en la lista. De tal forma, la preferencia individual queda burlada.

El riesgo de continuar con la aprobación de una reforma electoral sobre la base del dictamen vigente es triple. Se pierde la oportunidad de reformar el sistema político previo a los comicios de 2019; se burla las demandas ciudadanas de mayor participación, apertura y representatividad del sistema; y peor aún, se desperdicia la oportunidad generada por el consenso espontáneo que existe hoy sobre los contenidos de la reforma electoral.

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