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Opiniones de hoy

Tiempos conflictivos

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La buena noticia es que la agenda de reforma institucional está bastante bien identificad.

La semana pasada fui invitado por la Asociación de Gerentes de Guatemala a impartir una conferencia sobre la situación del país, en el marco de su programa Líderes en Contacto. El ambiente prevaleciente entre el público participante -que, sin duda, es un reflejo del sentir de las élites dirigenciales del país- era de una patente incertidumbre respecto de la situación económica, así como de un cierto temor respecto del clima de conflicto que parece haberse instalado en quehacer político nacional.

En cuanto a la situación política, es evidente que la problemática que estamos viviendo, aunque compleja, puede entenderse -y atenderse- mejor si reconocemos que  Guatemala está viviendo (desde abril de 2015) un típico periodo de transición política desde un antiguo régimen (donde las leyes y normas no eran obligatorias, donde el patrimonialismo definía el juego político-partidista y donde la corrupción y la impunidad eran una cotidianeidad socialmente tolerada) hacia un nuevo régimen (donde se aspira a contar con instituciones fuertes que hagan prevalecer el Estado de Derecho).

Las transiciones, a lo largo de la historia y alrededor del mundo, son procesos más o menos prolongados que generan una serie de tensiones sociales y de reacomodos políticos que en el largo plazo, si son bien conducidos, generan beneficios al país, pero que en el corto plazo ocasionan conflictos y enfrentamientos entre tres bandos: el que se resiste al cambio, el que anhela un cambio gradual y ordenado, y el que aspira a un cambio radical e inmediato.

En cuanto a la situación económica, a pesar de contar con un ambiente externo propicio (la economía mundial está en un periodo de auge) y de condiciones macroeconómicas estables (merced a nuestras políticas fiscal y monetaria ortodoxas), la muy baja -y malamente atendida- productividad del aparato económico, aunada a la conflictividad política, nos conduce a una permanente mediocridad del crecimiento económico y a muy escasos avances en materia de bienestar material.

Para superar la difícil coyuntura en los dos ámbitos (político y económico) se requiere de una agenda priorizada y de un liderazgo definido que den un aliento de esperanza ante la incertidumbre prevaleciente. Dicha agenda y dicho liderazgo deben enfocarse fundamentalmente en la reforma institucional: solo con instituciones más fuertes será posible darle sustento a la transición política (hasta ahora circunscrita al combate a la corrupción) y, simultáneamente, elevar la productividad del aparato económico (condición indispensable para lograr el desarrollo del país).

La buena noticia es que la agenda de reforma institucional está bastante bien identificada: sistema de justicia, sistema de servicio civil, sistemas de contratación e infraestructura pública, y sistema electoral y de partidos políticos. Si bien el contenido en detalle de las reformas puede y debe ser objeto de debate y discusión, la esencia y necesidad de las mismas debiese ser, más bien, motivo de unidad y consensos entre los distintos sectores organizados de la ciudadanía.

El reciente llamado al optimismo y al diálogo por parte del sector privado organizado en torno a una agenda mínima de país, o la apelación a la sensatez política por parte de las autoridades del banco central para minimizar la incertidumbre económica, o la exhortativa de la Conferencia Episcopal a procurar la cohesión y articulación de los sectores sociales empresariales, académicos y religiosos, son llamados que  ponen una luz de esperanza en la penumbra de conflictividad que se cierne sobre Guatemala. Sensatez política, madurez ciudadana y amor a la patria son los elementos esenciales para lograr acuerdos respecto de las reformas que el país reclama.

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