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Opiniones de hoy

Prevaricato y retardo de justicia

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La prevaricación, o prevaricato, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley (Wikipedia).

El delito de prevaricato (doloso) está tipificado y sancionado en el Código Penal en los siguientes términos: “El juez que, a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos, será sancionado con prisión de dos a seis años. Si la resolución dictada consistiere en sentencia condenatoria en proceso penal, la sanción será de tres a seis años”.

Asimismo, está previsto en el Código Penal el delito de prevaricato culposo así: “El juez que por negligencia o ignorancia inexcusables, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos será sancionado con multa de cien a un mil quetzales e inhabilitación especial de uno a dos años”.

Por otro lado, el retardo malicioso de la administración de justicia es el retraso de la administración de Justicia por culpa imputable al juzgador (magistrado o juez).

El retardo malicioso de la administración de justicia está tipificado y sancionado en el Código Penal de Guatemala como sigue: “Comete delito de retardo de justicia, el juez que no diere curso a una solicitud presentada legalmente o que, a sabiendas, retardare u ordenare retardar la administración de justicia; será sancionado con prisión de dos a cuatro años, multa de cien mil a quinientos mil Quetzales, e inhabilitación especial. Igual sanción se aplicará al representante del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil y de la Dirección General de Investigación Criminal que, a sabiendas, retardare la investigación penal o el ejercicio de la acción penal”.

“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, decía el filósofo Lucio Anneo Séneca.

Tanto el delito de prevaricación o prevaricato como el delito de retardo malicioso de la administración de justicia son crímenes contra la justicia, que lamentablemente son comunes en nuestro medio y que ameritan ser perseguidos y debidamente sancionados.

En nuestra opinión, estos hechos punibles deberían ser debidamente establecidos tanto por el Procurador de los Derechos Humanos, porque suponen graves violaciones de los derechos humanos, como por el Ministerio Público, a cargo de la investigación y persecución penal.

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