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Opiniones de hoy

Ni minería, ni empleo, ni nada

opinion

Pareciera que estos grupos sociales y las más altas cortes del país estuvieran confabulados para impedir el desarrollo en Guatemala.

En un país como Guatemala, con un faltante tan grande de oportunidades de empleo para la población, cualquier pérdida de empleo formal debería ser motivo de preocupación. No se diga la pérdida de 250 empleos formales de un solo plumazo. Aun así, tal pérdida constituye un número muy pero muy pequeño como para preocupar a quienes pudieran tener en sus manos evitar que tal situación ocurriera. En relación a la Población Económicamente Activa, cercana a los 7 millones de personas, esta destrucción de empleo representa tan solo el 0.003 por ciento del total; si como punto de referencia se usa la cantidad de empleados en el área rural inscritos ante el IGSS, el porcentaje de empleos perdidos asciende al 0.08 por ciento. En todos los casos anteriores, una nada respecto de los totales nacionales en materia de empleo, pero variaciones significativas si esta destrucción de empleo se compara con los indicadores locales. Respecto de la totalidad de trabajadores formales registrados en el IGSS, los 250 empleos perdidos representan una reducción del 1.5 por ciento, y; respecto de la población total afiliada en el municipio de San Rafael Las Flores, constituye una pérdida de empleo formal cerca al 19 por ciento. Una cifra para nada despreciable dado el poco empleo formal que se genera en el departamento de Santa Rosa y, en específico, en el municipio de San Rafael Las Flores y municipios aledaños. Sobra decir que dicha pérdida de empleo supera por mucho el cien por ciento del empleo asalariado formal afiliado al IGSS en este municipio antes que el proyecto minero iniciara sus operaciones.

Perder 250 empleos constituye un serio revés para las familias de los lugareños que encontraron en esta actividad económica una oportunidad que no existía antes y que, de seguir las cosas como van, no existirá en el futuro cercano. Claro está, en ausencia del trabajo que genera la mina, quienes hoy han perdido el empleo siempre podrán volver a la agricultura de subsistencia, a engrosar las filas de los beneficiarios de los programas del MIDES o emigrar hacia el Norte o a la Ciudad de Guatemala. Si bien el proyecto minero, con la cantidad de empleo, inversión y regalías potenciales que pudiera generar, no representa la salida para los problemas sociales y económicos existentes, el país no se encuentra en una situación que pueda prescindir de este tipo de proyectos productivos. La actitud hostil por parte de un conglomerado de organizaciones comunitarias radicales y de cierto tipo de ONG’s especializadas en promover el conflicto, sumada a un activismo judicial que mediante antojadizas interpretaciones de la ley, pone en riesgo la posibilidad de desarrollar casi cualquier tipo de proyecto productivo en el país. Pareciera que estos grupos sociales y las más altas cortes del país estuvieran confabulados para impedir el desarrollo en Guatemala. Lo más grave de todo es que lo que sucede hoy a la mina podría sucederle mañana a cualquier otro proyecto productivo.

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