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Opiniones de hoy

Otro asalto del Congreso

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Que demandará mucho “aceite” para sostenerse.

El alcalde Álvaro Arzú logró su propósito de hacer presidente del Congreso a su hijo, un diputado sin credenciales propias. Contribuyeron a esa meta Jimmy Morales y la bancada del FCN, algunos empresarios poderosos y huéspedes notables de Mariscal Zavala. Una sola causa los reúne: librarse de la justicia y restaurar el reino de impunidad que los ha colmado de riquezas y privilegios durante décadas.

Su agenda no es difícil de adivinar. Su sueño es que Jimmy Morales denuncie el acuerdo de la CICIG y que el Congreso inmediatamente lo ratifique. El costo, desde luego, sería bastante alto para Guatemala, pero para ellos es la única opción, frente a la insoportable incertidumbre de que fiscales independientes investiguen sus fechorías, perturbándoles el sueño. Por eso están dispuestos a aguantar sanciones internacionales, incluso el cordón sanitario que constituyen la Ley Magnitsky y la Ley Clinton (que ejecuta la Ofac), individualizando responsabilidades.

No han reparado en las formas. La nueva Junta Directiva refleja sin prurito la composición de la alianza y la compatibilidad de sus intereses. Es la mezcla abierta de lo ilegítimo del poder tradicional con lo ilegal de los poderes emergentes. Por eso tampoco repararon en medios para alcanzar el objetivo. Y es que la causa común era en sí misma insuficiente para alcanzar la mayoría, como se observó hasta el viernes 13, cuando prácticamente tenían perdida la elección. Era necesario incentivar el voto con adelantos y promesas pecuniarias.

De la misma manera, elegir una directiva pro impunidad y corrupción es condición necesaria, pero no suficiente para materializar sus fines. La trampa es que cuando el cemento de la alianza es el incentivo pecuniario, y no únicamente la convicción y la conveniencia, la maquinaria funciona sí y solo sí cuando se “aceita” con corrupción. Se observó en 2017. No se aprobó ninguna ley relevante para la modernización del Estado o la economía, pero tampoco se desmontaron los avances de 2016. Y cuando finalmente el 13 de septiembre pactaron sacudirse las normas del Estado de Derecho, la Plaza ciudadana los arrinconó, haciéndolos recular.

Por eso Arzú y sus aliados tendrán que darse aliento presionando y reclutando operadores en el Organismo Judicial y arreciando su ofensiva en Washington, para, al menos, mitigar las respuestas severas. Deben mantener un estado de euforia (envalentonamiento), para que su cruzada no les salga tan onerosa. Invertir, por ejemplo, diez millones de dólares para ganar cada votación no parece sostenible a la luz de una agenda sustantiva. Para sostenerse, tendrían que estrechar su sociedad con el capital ilícito y ensayar alianzas internacionales inéditas, con potencias extra-regionales (paradójicamente, los mismos que respaldan a Nicolás Maduro), lo cual se puede saber cómo empiezan pero nunca de qué manera terminan.

Hay otros tres factores impredecibles para la alianza pro impunidad. Uno es el MP y la CICIG. Otro, la Plaza. Y el tercero, Washington. Según la dirección y sincronía en que estos factores se muevan, pueden activar una oposición dentro del Congreso lo suficientemente eficaz como para atascar su agenda. Nadie dijo que derrotar el régimen patrimonialista, de captura y de cooptación del Estado iba a ser fácil. Tampoco es imposible, a pesar de las malas artes de Arzú, su alero Jimmy Morales y los poderes legales e ilegales que los nutren.

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