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Opiniones de hoy

Justificación de la ejecución presupuestaria

opinion

Debe aprobarse o improbarse la ejecución presupuestaria.

Ha trascendido que la ejecución presupuestaria (gasto público real versus presupuestado) durante el ejercicio fiscal 2017 fue de 91.8 por ciento, lo que refleja que el gobierno no tuvo la capacidad de gastar la totalidad de los Q77.3 millardos presupuestados. Ahora bien, este indicador cuantitativo no refleja la eficiencia y eficacia del gasto público, es decir la calidad de la erogación.

En todo caso, nuestra Constitución establece que el Congreso debe aprobar o improbar anualmente, en todo o en parte, y previo informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas, que le presente el Organismo Ejecutivo sobre el ejercicio fiscal anterior. Es decir que el Congreso debe aprobar o improbar la ejecución presupuestaria de cada ejercicio fiscal anual, contando para el efecto con el respectivo informe de la CGC.

La aprobación de la ejecución presupuestaria supone que el Congreso, que es la suprema representación del Estado, está de acuerdo con dicha ejecución y le confiere validez, o sea que la tiene por correcta o buena. Por el contrario, improbar la ejecución presupuestaria supone que no se está de acuerdo cAon la misma y que no se le tiene por correcta o buena.

La aprobación implica que las actuaciones de las autoridades y funcionarios a cargo de la ejecución presupuestaria quedan convalidadas (confirmadas o ratificadas) y, por ende, no procede que se deduzcan responsabilidades (penales y civiles) en su contra. Ahora bien, si el Congreso imprueba la ejecución presupuestaria, la consecuencia es que inmediatamente se deduzcan responsabilidades legales contra quienes tuvieron a su cargo la ejecución presupuestaria no aprobada.

El Congreso, conforme la Constitución, no tiene más opción que aprobar o improbar, en todo o en parte, la ejecución presupuestaria anual. Por tanto, no existe la posibilidad jurídica de que el Congreso deje de aprobarla o improbarla. Sin embargo, el Congreso no ha aprobado ni improbado la ejecución presupuestaria de los últimos 20 ejercicios fiscales anuales, o sea que las mismas no se han tenido por buenas ni malas. En otras palabras, las respectivas ejecuciones presupuestarias han queda en el limbo, y esto ha permitido que los gobiernos pasen y pasen sin temor a tener que responder por sus actos, porque no existe causa legal en su contra. El Congreso, por su parte, no ha asumido su responsabilidad de aprobar o improbar la ejecución presupuestaria y, por supuesto, ha incumplido el referido mandato constitucional.

Es decir que al Congreso no solamente le corresponde aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal anual, sino que también debe aprobar o improbar la ejecución presupuestaria anual.

El examen de la ejecución presupuestaria supondría desentrañar todo el gasto público anual, tanto el gasto de funcionamiento como el gasto de inversión. En otras palabras, tendría que establecerse si están debidamente justificadas todas las erogaciones destinadas a funcionamiento de los organismos, entidades, instituciones, empresas y dependencias estatales, específicamente las remuneraciones y bonificaciones, honorarios, adquisición de vehículos, mobiliario y equipo, alquileres y remodelaciones, viajes, combustibles, viáticos, gastos de representación, gastos de seguridad, etcétera, así como las erogaciones para obra pública, inversión social, investigación y desarrollo, régimen de seguridad social y demás. Asimismo, el Congreso tendría que examinar y comprobar todos los ingresos fiscales (tributarios, financieros y los derivados del cobro de rentas, regalías y productos por concesiones y contrataciones).

En definitiva, el Congreso no ha cumplido con la citada obligación constitucional, por lo que, a la luz de que es deber de los guatemaltecos velar por el cumplimiento de la Constitución, los ciudadanos debemos exigir que los diputados cumplan con aprobar o improbar la ejecución presupuestaria correspondiente al año pasado y a los años anteriores.

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